Por: German Enrique Reyes Forero
El espectáculo noticioso corre en estos días por cuenta del Gobierno, tratando de explicar y justificar su declaratoria y cascada de decretos relacionados con la medida excepcional de la Emergencia Social. Pese a que el Ministro de la Protección Social trata de matizar en sus declaraciones el reconocimiento de atropellos e improvisación de normas para favorecer intereses de las EPS, cada vez confunde más a la opinión pública, a los médicos, a los usuarios y a la red pública hospitalaria. Incluso, nos tratan de incapaces (brutos) por supuestamente no entender las medidas. Esto me ha llevado a radicar una moción de censura por sus irresponsables actitudes.
Para completar este juego mediático informativo, hoy, en el portal del Ministerio de la Protección Social leemos un titular: “Primeros ajustes a los proyectos reglamentarios”. Pero en su desarrollo tan sólo son borradores de modificación al Decreto 131 de 2010 relacionados con la autonomía médica y el Plan de Salud que tanta controversia, protesta y movilización ha provocado. Estrategias simplemente para apagar el incendio.
Ahora anuncia el Gobierno que los famosos estándares, anunciados como obligatorios, lo serán sólo cuando así lo definan las academias de medicina y odontología en lo relativo al nivel cuatro de evidencia, con la opción individual del profesional de apartarse de los mismos; por supuesto, el mico no podía faltar: que tal situación no ocasione un daño económico al Sistema de Salud. ¿Acaso no fue el NO-POS uno de los detonantes, en los supuestos del Gobierno, exagerado por los médicos tratantes, a quienes señala de ser los causantes de la llamada amenaza o daño al sistema?
El comunicado del Ministro de la Protección Social, y que los medios han titulado “Se acercaron el gobierno y los médicos”, son juegos publicitarios para desorientar a la opinión e impedir la protesta y la movilización anunciada por los médicos y los trabajadores de la salud.
El pasado 23 de enero de 2010, el Gobierno agotó las facultades para expedir decretos, y ahora tan sólo podrá reglamentarlos, no modificarlos, pues no puede cambiar su espíritu. Sólo mediante leyes, el Congreso de la República los podrá cambiar o derogar en sus sesiones ordinarias, o la Corte Constitucional invalidar. Los demás anuncios relacionados con la homologación del Plan de Salud, el privilegio de contratación con la red pública para la atención de la Promoción y Prevención y la forma como se comprometerán los ahorros y recursos para acceder a los planes excepcionales o voluntarios de salud, son cortinas de humo para ocultar las verdaderas intenciones a favor de los mercaderes de la salud. ¡Ah, tampoco ha dicho nada respecto a las trabas a las tutelas!
