842 desmovilizados del Ejército Popular de Liberación –EPL-, en marzo de 1991, y posteriores militantes del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, fueron victimizados por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y de las FARC y por agentes del Estado. Esta afirmación es de Mario Agudelo, desmovilizado del EPL y posterior diputado de Antioquia y Alcalde de Apartadó por Esperanza, Paz y Libertad.

Mario Agudelo es ahora representante de las víctimas y sus familias ante la Fiscalía especializada en la Ley de Justicia y Paz, que viene haciendo imputaciones por los homicidios y masacres que llevaron al exterminio y genocidio de Esperanza, Paz y Libertad, especialmente entre 1991 y 1995.

El próximo 26 de noviembre se llevará a cabo la Audiencia que pondrá fin a ocho meses de imputaciones por parte de la Fiscalía.

Lo valioso de este proceso inscrito en la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de cerca de 38 mil paramilitares y guerrilleros en 2005, es la posibilidad de conocer la verdad, hacer justicia, llegar a la reparación de las víctimas y sus familias y esperar que no se vuelvan a repetir hechos deplorables como los que terminaron con el exterminio de aproximadamente 3.000 miembros de la Unión Patriótica –UP- y 842 de Esperanza, Paz y Libertad –EPL-.

Agudelo dice que producto del reconocimiento del exterminio y genocidio, el Estado debe tomar medidas necesarias para satisfacer a las víctimas mediante una indemnización económica y, especialmente, a través de un componente simbólico como el reconocimiento y el perdón públicos. Afirma que es muy importante el Incidente de Reparación, pero que es fundamental la memoria para que estos hechos atroces no se olviden, se reflexione sobre ellos y no se repitan.

Mario Agudelo agrega que la reparación también debe ser colectiva, reconociendo que el exterminio produjo la desaparición del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Por eso, la pretensión al final del proceso inscrito en Justicia y Paz es la resurrección de Esperanza, Paz y Libertad con la devolución de la personería jurídica como movimiento político.