El contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, señala que la sanción para el Departamento por no haber cumplido la Ley 617 de 2000 durante el último año del gobierno de Sergio Fajardo Valderrama, además de pasar de categoría especial a primera categoría, se refleja en la remuneración de los diputados: estos recibirán sus honorarios como si fueran corporados de un departamento de cuarta categoría, según el artículo 26 de dicha Ley, conocida también como de ajuste fiscal.
Dice Zuluaga Peña que es un castigo que impone la ley a quienes tienen que ejercer control político vigilando los tributos, las políticas que afectan los ingresos del departamento y su distribución. Pero termina desestimulando la labor que debe ejercer una Duma responsable.
