Por: Jorge Mejía Martínez

No entiendo la agria discusión entre el ex alcalde Luis Pérez y el actual alcalde Alonso Salazar. Este último acusa al primero de decir mentiras sobre la desmovilización de las AUC en Medellín y el primero acusa al segundo de sacarle jugo político a lo ocurrido con los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada. O mejor si la entiendo: en lugar de colocar el debate en las fallas del proceso de desmonte del paramilitarismo cuyas consecuencias evidentes y fatales son hoy pan de cada día, la pedrea entre ellos tampoco deja ver con claridad a los verdaderos culpables de los engaños: la comandancia paramilitar y el negociador autócrata del gobierno nacional.

Luis Pérez como alcalde ad portas de entregar acató las decisiones que, sin su concurso, se tomaban desde Bogotá. Tal como había acatado antes la Operación Orión en la Comuna 13, sin ningún protagonismo de su parte, porque cuando quiso ponerse al frente como autoridad civil local, fue repelido por las balas lanzadas contra el bus que lo transportaba. Desde el gobierno nacional o desde la fuerza pública no hubo un helicóptero que le permitiera a la máxima autoridad de la ciudad estar al tanto de los hechos. Igual trato tuvieron los mandatarios que le siguieron al frente de Medellín y todos los municipios de Antioquia y del país, lo mismo que los gobernantes departamentales, respecto a la desmovilización.

 

Ahora Luis Carlos Restrepo tendrá que asumir solito las graves quejas por el desenvolvimiento del proceso, porque solito lo condujo. Autocráticamente. Los gobernantes locales y regionales se enteraban de los supuestos acuerdos y circunstancias por los reportes de la prensa. A la gobernación de Antioquia, por ejemplo, llegaban los mandatarios municipales desesperados porque a las puertas de sus despachos tocaban hombres y mujeres en demanda de beneficios sociales y económicos acordados por sus comandantes paramilitares y el gobierno nacional, que nadie conocía. De un momento a otro se trastocaron las agendas y los presupuestos oficiales, en medio de la desinformación.

En general, los gobernantes seccionales actuaron con responsabilidad pública. Sergio Fajardo, como alcalde de Medellín, fue ejemplar.

Sobre la marcha, a la alcaldía de Medellín le tocó hacer frente a las consecuencias de un manejo improvisado de la reinserción por parte de Luis Carlos Restrepo, echándoselo al hombro. Con convicción o no, pero lo hizo; Invirtió cuantiosos esfuerzos y recursos en su sostenibilidad. Y lógico, quiso cacarear ante tirios y troyanos los éxitos de su gestión amparada en las cifras generosas de las tasas de homicidios reducidas drásticamente en la ciudad. Llegó, incluso, a descalificar con cierta intolerancia cualquier asomo de crítica.

Luis Perez, convencido de que desde la alcaldía podía “comprar la guerra” como lo publicó en un libro, estando de salida, se equivocó al prometer recursos y despertar expectativas que no eran de su resorte. Sergio Fajardo y Alonso Salazar tampoco entendieron que detrás de tantas aparentes bellezas del proceso de desmovilización de las AUC en Medellín y el país, se escondían múltiples errores y falencias que darían al traste con muchos de sus logros.

Los escándalos de hoy son más dicientes que las buenas intensiones.