El ministro del Interior, Armando Benedetti, junto a otros altos funcionarios, radicó ante el Congreso el proyecto de «Ley de Competencias», una iniciativa que fortalece la autonomía territorial.
“Después de la Reforma Laboral, ésta es la más importante en décadas para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Queremos que el 80% sea para educación, salud y saneamiento básico y el 20% para otros propósitos. Todo esto administrado por las entidades territoriales con mecanismos de seguimiento y transparencia desde la sociedad civil y los organismos del Estado” , dijo el Jefe de la cartera del Interior.
A su turno, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que con esta iniciativa trataron de devolverle a las personas lo que les han quitado. “Primero, con la reforma laboral, para devolverle la dignidad a los trabajadores. Ahora queremos descentralizar, pero con recursos darle a la célula fundamental del País, a los municipios, lo necesario para poder sobrevivir”, manifestó.
La “Ley de Competencias”pretende dar vigencia y desarrollar el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, que aumenta los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y ordena reorganizar las competencias de los distintos niveles de gobierno (Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas). Esta iniciativa puede ser considerada como la más importante reforma del Estado desde la Constitución de 1991.
La iniciativa propone una distribución de los recursos del SGP. Los recursos adicionales del SGP irían a financiar el cierre de brechas territoriales en los tres sectores priorizados, educación, salud y agua y saneamiento básico; al fortalecimiento institucional para la descentralización; y al cumplimiento de compromisos con los pueblos y comunidades indígenas.
¿Qué más trae el proyecto?
● Define las competencias de los distintos niveles de gobierno en los tres
sectores priorizados.
● Define unos principios básicos para la descentralización.
● Establece una institucionalidad para administrar el proceso de
descentralización.
● Define una clasificación básica por capacidades y por atributos para desarrollar una descentralización asimétrica en el País, que consulte las distintas capacidades y vocaciones de cada territorio.
El Gobierno hizo posible este proyecto de ley gracias al trabajo de los ministerios del Interior, de Hacienda, de Educación, de Salud y de Vivienda; el Departamento Nacional de Planeación, la CRA, el DANE y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, el proyecto surtió el proceso de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas.
La iniciativa de origen del Gobierno fue socializada con diversos actores sociales y entidades territoriales. En dichas reuniones participaron la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, la Asociación de Ciudades Capitales y la Asociación de Ciudades Intermedias, así cómo las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), Fecode, la Defensoría del Pueblo y la academia.
El proyecto queda ahora en manos del Congreso de la República, que tiene la facultad de modificarlo y aprobarlo. El Gobierno retiene la facultad de dar aval fiscal a lo aprobado.
