Foto: EPM

El inspector Primero de Policía del Municipio de Bello, Juan Sebastián Montoya, suspendió la medida temporal de cierre de las operaciones en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- “Aguas Claras” de Bello, que estaba fijada para este viernes, 5 de junio. La decisión es el resultado de la reunión presidida por el propio Inspector, con la asistencia de representantes de la comunidad, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, del Concejo de Bello, de Aguas Nacionales y de EPM.

Tras escuchar todas las posiciones, se logró una concertación para revisar los compromisos adquiridos por Aguas Nacionales EPM, con el propósito de continuar con el proceso de estabilización de la PTAR “Aguas Claras” y avanzar en el plan para el control y la eliminación de los olores que vienen afectando a la comunidad.

EPM reiteró su compromiso con la ciudadanía para trabajar con todos sus recursos en el cumplimiento de las 36 acciones incluidas en el plan diseñado para el control y eliminación de los olores.

Este acuerdo de voluntades deja sin piso, al parecer, la decisión del Juzgado Cuarto de Ejecución Civil Municipal de Medellín, el cual concedió a Aguas Nacionales EPM la medida provisional solicitada de cesar la orden policiva de suspender las obras en la PTAR, emitida el 2 de junio de 2020 por la Inspección Primera de Policía del Municipio de Bello.

El Juzgado había atendido así al latente riesgo ambiental que desencadenaría la falta de operaciones para el tratamiento de las aguas residuales y del material particulado arrojado al río Medellín, lo que afectaría al área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta amenaza ambiental y sanitaria se concluye de los informes técnicos aportados por Aguas Nacionales EPM.

El Juzgado Cuarto de Ejecución Civil Municipal de Medellín admitió una tutela de Aguas Nacionales EPM en contra de la Inspección Primera de Policía del Municipio de Bello, para que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad ante la ley, los cuales considera amenazados y/o vulnerados por la entidad accionada.