Por: Eugenio Prieto Soto
Frente al anuncio del Gobierno Nacional de hacer una nueva asignación de bandas de frecuencia que les permitirá a los proveedores de servicios móviles integrar sus actuales bandas bajas con otras altas del espectro radioeléctrico; es apenas lógico que el Congreso de la República ejerza el control político de su responsabilidad, pues si no se da un adecuado tratamiento al tema, el resultado del proceso puede ser la consolidación de monopolios en lo económico y la negativa de acceso democrático a ese recurso, lo que resultaría contrario al mandato del artículo 75 de la Constitución Política.
Con nítida claridad ese artículo 75 de la Carta Magna prescribe: “Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”. Es decir, se ordena la intervención del Estado para impedir su concentración en unas pocas manos o manejo monopólico, ya que constituye elemento esencial para la prestación de servicios de telecomunicaciones y es además, uno de los componentes del territorio del Estado colombiano sobre el cual se ejerce la soberanía de los poderes públicos (artículos101 y 102 de la Constitución).
El valor del espectro radioeléctrico está asociado a que se trata de un recurso escaso que cada día tiene mayores aplicaciones que permiten su utilización para el envío de comunicaciones inalámbricas especialmente móviles, tanto de voz e imágenes, como de datos, que se convierte en elemento esencial de las redes de los servicios de difusión, en particular la radiodifusión sonora y de televisión, cuya concentración no solo facilita la consolidación monopólica en su uso, sino que además se constituye en un claro impedimento para logar el acceso en condiciones de igualdad, tal como es el principio democrático que se desarrolla en nuestra carta.
El Gobierno, con la activa participación del Congreso y de los ciudadanos, debe ser extremamente cuidadoso en la planeación, atribución, administración, control y especialmente en la asignación de las bandas de frecuencia que lo integran. Dos son las opciones: la primera, ejecutar un completo plan que democratice el acceso al espectro y le permita a los proveedores que actualmente hacen uso de las bandas altas, que puedan integrarlas con las bajas y que a su vez quienes usan bandas bajas puedan integrarlas con altas; y la segunda, establecer los mecanismos necesarios para impedir que los operadores con posición dominante en el mercado integren todo tipo de bandas generándose a su favor unas condiciones competitivas que otros no tienen.
La convergencia en el sector de las telecomunicaciones en las que se ha avanzado notoriamente en los últimos años y que ahora, no solo integra los servicios de voz fija y móvil con los de datos, sino también de televisión a través de la reglamentación de la televisión digital terrestre y las aplicaciones en las bandas de 2.5 GHz (LTE); hace necesario que se tenga un mayor cuidado en impedir la concentración en el uso del espectro y que se dé estricto cumplimiento a los mandatos que la Constitución impone en esta materia.
El reto del Gobierno por tanto, no es sólo impedir la concentración en el uso del espectro, sino, además, lograr que se haga uso eficiente del mismo y que permita al país avanzar positivamente hacia la sociedad de la información y el conocimiento, y para ello es necesario lograr el progreso equilibrado de los distribuidores de servicios y que se haga un completo plan en la asignación de frecuencias en el que todos los posibles proveedores de telecomunicaciones puedan hacer uso razonable de un recurso escaso que debe ponerse al servicio de todos los colombianos.
