¿Cuántos Equipos Básicos de Salud han funcionado realmente en Antioquia? ¿Cómo se distribuyeron los recursos destinados a esta estrategia y qué resultados concretos han producido en la salud de la población? Estas fueron algunas de las preguntas centrales del debate de control político liderado por el diputado Jorge Correa Betancur en la Asamblea Departamental de Antioquia.
El debate fue precedido por varios meses de trabajo investigativo y de solicitudes de información al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia y a los municipios. El análisis permitió contrastar los reportes oficiales y examinar siete dimensiones de la estrategia: cobertura territorial, productividad operativa, gestión del riesgo, articulación con las EPS, sistemas de información, evidencia de impacto y sostenibilidad.
Uno de los principales hallazgos se relaciona con el número de equipos reportados en operación. Según la información entregada por el Ministerio, al 31 de marzo de 2026 había 648 Equipos Básicos de Salud funcionando en Antioquia. Por su parte, la Secretaría Departamental reportó 442 equipos con corte al 31 de mayo. La diferencia de 206 equipos entre ambos reportes plantea la necesidad de establecer si obedece a cambios en la operación, suspensiones, diferencias en los criterios de registro o inconsistencias en los sistemas de información.
Una situación similar se identificó en los recursos: el Ministerio reportó transferencias por $659.260 millones entre 2022 y mayo de 2026, mientras que el consolidado departamental presentado para el mismo período registró $635.975 millones. La diferencia, superior a $23.000 millones, requiere conciliación entre las entidades para precisar su origen y trazabilidad.
“Cuando se invierten recursos de esta magnitud, el debate no puede limitarse a cuánto dinero se anunció o cuántos equipos se reportaron. Tenemos que saber qué atención recibieron las comunidades y qué resultados se pueden demostrar”, planteó Correa durante su intervención.
El Diputado aclaró que su cuestionamiento no se dirige contra la atención primaria en salud, sino contra las debilidades de implementación, la falta de información comparable y la necesidad de garantizar que los recursos se traduzcan en servicios efectivos para la ciudadanía.
Durante su intervención, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Johana Solano Sánchez, informó que, con corte al 30 de agosto de 2026, el Departamento tenía 196 Equipos Básicos de Salud en operación, distribuidos en 44 municipios: 93 rurales y 103 urbanos.
La Funcionaria también reconoció que Antioquia no cuenta con estudios que midan el impacto de esta estrategia sobre las condiciones de salud de la población. Aunque la Secretaría reportó cerca de 977.000 hogares atendidos en los registros acumulados presentados, señaló dificultades en las plataformas de información y en la disponibilidad de datos completos, oportunos y confiables.
La Secretaría de Salud identificó, además, problemas relacionados con las demoras en los giros de recursos, la contratación y disponibilidad del talento humano, las barreras geográficas y la falta de un sistema de información que permita hacer un seguimiento integral. También anunció que la continuidad y las características de los equipos deben revisarse en coordinación con el Gobierno Nacional.
Para el diputado Jorge Correa, estos elementos refuerzan la necesidad de pasar de los indicadores de cobertura a una evaluación que permita establecer si las acciones realizadas mejoraron efectivamente el acceso y la atención en salud.
El análisis realizado por el equipo del Diputado examinó información recibida de 51 municipios. Los resultados evidenciaron debilidades en dimensiones como la articulación con las EPS, la gestión del riesgo, la continuidad de la atención y la existencia de indicadores que permitan comprobar resultados.
Según la clasificación construida a partir de las respuestas municipales, 22 municipios reportaron una operación activa y estable; cuatro municipios, una operación parcial; y 25 registraron equipos suspendidos, finalizados o sin evidencia suficiente de operación. Estos resultados corresponden a los municipios analizados y no deben interpretarse como un balance exhaustivo de los 125 municipios de Antioquia.
Correa señaló que municipios como Bello e Itagüí reportaron 34 equipos cada uno, mientras que varios territorios rurales y dispersos enfrentan mayores barreras geográficas para acceder a los servicios. El Diputado insistió en que la asignación debe responder a las necesidades epidemiológicas, poblacionales y territoriales, sin desconocer las diferencias entre municipios.
Precisó que el análisis no pretende calificar la gestión de los alcaldes, sino examinar el funcionamiento de la estrategia y determinar si los equipos llegaron a las comunidades priorizadas, mantuvieron la atención y lograron articularse con la red de servicios.
Durante el debate, Luis Hernando Sánchez, representante de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), señaló que la atención primaria es una estrategia necesaria, pero que su efectividad depende de una adecuada estructuración, continuidad, articulación institucional e indicadores de resultado.
Por su parte, Margarita Moncada, gerente del hospital de Caucasia, expuso dificultades que, según su experiencia, se presentaron en la implementación: lineamientos que no siempre respondían a las condiciones territoriales, problemas para contratar y mantener el talento humano y limitaciones operativas para ejecutar los recursos en los tiempos establecidos.
Las intervenciones en el debate de control político en torno a la eficiencia en la prestación del servicio de salud en Antioquia coincidieron en la importancia de fortalecer los Equipos Básicos de Salud, pero también en la necesidad de revisar su diseño, mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional, el Departamento, los municipios, las EPS y los hospitales, y asegurar que la estrategia responda a las necesidades reales de cada territorio.
Como resultado del debate, el diputado Jorge Correa planteó la necesidad de profundizar la verificación de las cifras, establecer la trazabilidad de los recursos y revisar el estado real de los proyectos de infraestructura sanitaria reportados por el Ministerio de Salud frente a las preguntas pendientes sobre su ubicación, fase de ejecución y terminación efectiva.
