La decisión de nueve partidos políticos de no asistir a una reunión convocada por el Presidente de la República y su Ministro del Interior para tratar temas de seguimiento al proceso electoral y en cambio, sí asistir a una reunión paralela con el Procurador General de la Nación, ha generado varias inquietudes, como ésta: ¿se trata de un acto legítimo dentro del ejercicio político o de una señal de deterioro institucional?
Desde el punto de vista jurídico, no hay una norma constitucional o legal que obligue a los partidos a asistir a convocatorias del Ejecutivo. Los partidos políticos gozan de autonomía organizativa y decisoria según el artículo 108 de la Constitución Política, lo que les permite escoger, estratégicamente, los espacios en los que deciden participar.
Tampoco se configura una extralimitación del Procurador General de la Nación al participar una reunión de carácter preventivo o de verificación institucional. La Procuraduría tiene la función constitucional de vigilar la conducta de los servidores públicos y proteger el orden jurídico, los derechos fundamentales y el interés general (artículo 277 de la C.P.). Bajo esa premisa, una reunión con actores políticos puede tener justificación legal y funcional.
No obstante, el asunto trasciende lo legal. Se mueve en el terreno de lo político y lo institucional, donde las formas también son de fondo.
La Comisión de Seguimiento y Verificación del Proceso Electoral, tradicionalmente liderada por el Ejecutivo, con presencia de autoridades electorales y actores políticos, ha sido una herramienta clave para garantizar transparencia, confianza y diálogo. El desaire de los partidos a este espacio, en un contexto de alta tensión entre el Gobierno nacional y varios sectores políticos, no es un simple gesto político: es una señal de deslegitimación de una instancia institucional creada para proteger la democracia.
Aunque no haya ilegalidad, sí hay un riesgo de ruptura institucional. Se erosiona la confianza en los canales formales de diálogo y se siembra la sospecha de una instrumentalización de los órganos de control, lo que podría agravar la ya preocupante crisis de legitimidad de las instituciones del Estado.
Más que una controversia entre agendas políticas, lo que está en juego es el respeto por los cauces institucionales y la coherencia entre lo que se exige desde la oposición y lo que se practica desde el poder. En democracia, disentir es legítimo. Fragmentar la institucionalidad, no.
