Los responsables de las firmas encuestadoras que orientan el voto a favor de sus candidatos deberían ser sancionados e incluso llevados a la cárcel por la manipulación de la opinión pública.
La última semana se dio a conocer una encuesta totalmente en contravía a las encuestas realizadas un mes atrás, sin que la mayoría de los candidatos hubieran hecho algo para que se alterara la opinión pública con la tendencia que se tenía.
El único resultado que podría tener explicación es el de “Uribito”, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Los demás candidatos no han hecho nada extraordinario que explique el bajón que muestran las encuestas para algunos, o el repunte exagerado para otros.
No es posible, sin hacer propuestas y sin estar con la vigencia que se requiere en los medios de comunicación, romper con la tendencia que se traía.
Todo indica que es una encuesta parcializada, posiblemente amañada e inducida para generar daño a unos candidatos y beneficio a otros.
La Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral debe auditar y reglamentar las encuestas para que no violen el derecho a la igualdad que tienen los candidatos y no manipulen a la opinión pública en la decisión que los ciudadanos deben tomar para elegir libremente al próximo Presidente de la República.
