El Gobierno nacional decretó el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano, amparado en el artículo 215 de la Constitución Política, con el argumento de que el país enfrenta una perturbación grave e inminente del orden económico y social que no puede ser conjurada mediante los mecanismos ordinarios del Estado. La decisión, contenida en el Decreto 1390 de 2025, reabre un debate de fondo sobre los límites del poder ejecutivo, la responsabilidad fiscal y el papel del Congreso en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La contienda presidencial de 2026 empieza a definirse no tanto por los nombres, sino por la configuración de bloques políticos. En ese tablero, el reciente comunicado de convocatoria a la consulta del “Pacto Amplio” o “Frente Amplio” de la centro-izquierda marca un punto de inflexión: la izquierda y sus aliados ya tienen claro su camino y, con ello, le ponen nombre al adversario que los demás sectores deberán enfrentar si quieren impedir la continuidad del proyecto político que ha encarnado Gustavo Petro durante el actual período presidencial.
