En medio de la creciente controversia por los recientes hechos ocurridos en la cárcel de Itagüí, voceros del Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana, actualmente recluidos en ese centro penitenciario, emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que reconocen responsabilidades, ofrecen excusas y solicitan la reanudación del proceso de conversaciones con el Gobierno Nacional.
El pronunciamiento, dirigido a la comunidad de Medellín y el Valle de Aburrá, así como a las autoridades nacionales —incluido el presidente Gustavo Petro—, se produce en un contexto de tensión creciente alrededor de la política de paz urbana, particularmente tras episodios que han generado cuestionamientos sobre la seriedad y el manejo del proceso al interior del sistema carcelario.
En el documento, los voceros reconocen la “responsabilidad política” que implica su rol dentro del proceso de paz y admiten que los hechos recientes deben asumirse con “seriedad y en su justa dimensión”. En ese sentido, presentan excusas públicas y lamentan el impacto negativo que lo ocurrido ha tenido sobre la confianza y la credibilidad del proceso ante la sociedad y el Gobierno.
No obstante, el comunicado insiste en que lo sucedido no puede interpretarse de manera simplista ni reducirse a responsabilidades individuales. Según los firmantes, el proceso de paz urbana es un ejercicio complejo y colectivo, atravesado por múltiples actores y decisiones, y condicionado por las dinámicas propias del sistema penitenciario y las condiciones de reclusión.
En un tono crítico, los voceros también rechazan lo que califican como “afirmaciones calumniosas” de algunos actores políticos locales, a quienes acusan de instrumentalizar los hechos con fines electorales. Particularmente, cuestionan señalamientos que, según afirman, han afectado a sus entornos familiares, incluyendo a sus esposas.
En el plano político, el mensaje central del comunicado es la solicitud expresa al Gobierno Nacional para que levante la suspensión de los diálogos de paz urbana. Los voceros aseguran que mantendrán su disposición al proceso, con el compromiso de actuar con responsabilidad y evitar que situaciones similares se repitan.
Finalmente, reiteran su voluntad de diálogo y respeto institucional, advirtiendo que la paz urbana no debe convertirse en un escenario de confrontación política, sino en un espacio de construcción colectiva que exige corresponsabilidad de todas las partes.
Este pronunciamiento se da en un momento particularmente delicado para la política de “Paz Total”, en el que los problemas de comunicación, la falta de control institucional y los errores simbólicos —como los hechos registrados en Itagüí— han puesto en entredicho la viabilidad y legitimidad de los procesos de negociación urbana, especialmente en Medellín y su área metropolitana.
