La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, radicó este 2 de marzo de 2026, ante el Congreso de la República un proyecto de ley que propone prohibir el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada en Colombia. La iniciativa, promovida con el respaldo de su bancada animalista, plantea eliminar de manera gradual la participación de caninos en estas funciones ante lo que considera una práctica que vulnera el bienestar animal.
Según la exposición de motivos, el proyecto surge tras observarse un incremento en el uso de perros en esquemas de vigilancia luego de la entrada en vigencia de la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, que buscaba regular esta práctica; cifras oficiales de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada muestran que este aumento fue de 375,9 %, comparando 183 caninos inscritos en 2024 con 871 en 2025.
La iniciativa no solo plantea la prohibición, sino también un periodo de transición y retiro para los animales actualmente en servicio. En el caso de entidades públicas, se propone un plazo de un año tras la entrada en vigor de la norma para retirar a los perros de estas labores, mientras que en el sector privado la transición podría extenderse hasta dos años.
Durante ese periodo de transición, el proyecto contempla medidas temporales como la prohibición de turnos continuos nocturnos, reducción de jornadas máximas de trabajo y límites a periodos prolongados de confinamiento, con el objetivo de proteger la salud física y emocional de los animales hasta su retiro definitivo.
Además, se propone la implementación de un Plan Nacional de Registro, Retiro y Adopción para reubicar a los perros que dejen las funciones de vigilancia y sustituir su participación por procesos tecnológicos o por personal humano especializado que garantice la continuidad de la seguridad sin comprometer la integridad animal.
La iniciativa de Hernández, quien ha impulsado varias leyes en defensa de los derechos de los animales, incluido el fin de prácticas como las corridas de toros, ahora abre un debate en el Congreso sobre el alcance y viabilidad de acabar con una práctica tradicional en el sector de la seguridad privada en el país.
