La decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego de decretar un incremento del 23% del salario mínimo para 2026, tras el fracaso de la concertación entre empresarios y centrales obreras, no dejan de suscitar cuestionamientos, por lo que es necesario que el hecho se analice teniendo en cuenta desde diferentes perspectivas que trascienda lo político. Se trata de una medida con profundas implicaciones económicas, sociales y, por supuesto, políticas, cuyos efectos reales sólo podrán evaluarse con el paso de los meses, más allá del júbilo inicial de los sindicatos, trabajadores y afectos al Pacto Histórico o del rechazo inmediato de empresarios y opositores.
Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno actuó dentro del marco legal. La ley es clara: cuando no hay acuerdo en la mesa de concertación, corresponde al Ejecutivo fijar el salario mínimo por decreto. El debate, por tanto, no es de legalidad, sino de conveniencia, oportunidad y sostenibilidad.
Según el DANE, entre enero y octubre Colombia registró 23,71 millones de personas ocupadas, de las cuales 11,38 millones (47,99%) ganan menos de un salario mínimo, 2,40 millones (10,12%) reciben exactamente un salario mínimo y 9,93 millones (41,88%) devengan más de un mínimo. Así que para esos 2.400.000 colombianos que devengan el salario mínimo, el anuncio fue recibido con entusiasmo, pues, llegar a 2.000.000 de pesos, incluido el auxilio de transporte, representa un alivio tangible frente al alto costo de vida, especialmente en rubros sensibles como alimentos, transporte y servicios públicos. Desde esta óptica, el aumento busca recuperar poder adquisitivo y enviar un mensaje político claro: el trabajo debe permitir condiciones de vida más dignas.
Además, el Gobierno nacional apuesta a que un mayor ingreso salarial impulse la demanda interna, dinamice el consumo y ayude a sostener el crecimiento económico. Es una lógica conocida, de inspiración keynesiana, que parte de una premisa válida: en una economía como la colombiana, el consumo interno es un motor fundamental.
Sin embargo, los riesgos existen y no pueden minimizarse. El principal reparo del empresariado y de la oposición al presidente Gustavo Petro —apoyados por buena parte de los analistas económicos— tiene que ver con el impacto sobre el empleo formal, pues, un incremento tan alto eleva de manera significativa los costos laborales, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99.7% del universo empresarial de Colombia y concentran más del 80% del empleo en el País. En un mercado laboral donde la informalidad supera el 55%, el riesgo de que algunos empleadores opten por no contratar, reducir personal o moverse hacia la informalidad es real.
A ello se suma la presión inflacionaria. Si los mayores costos se trasladan a precios, el efecto positivo del aumento salarial puede diluirse rápidamente. La temida espiral salario–precio no es una fantasía teórica, sino una posibilidad concreta si el incremento no está respaldado por aumentos en productividad. Paradójicamente, quienes hoy celebran podrían terminar enfrentando un mayor costo de vida mañana.
Otro punto crítico es la desconexión con la productividad laboral. El aumento decretado supera ampliamente los indicadores de crecimiento de la productividad en Colombia, lo que puede afectar la competitividad de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio, los servicios y el agro. Sin políticas complementarias que impulsen productividad, innovación y formalización, el salario mínimo corre el riesgo de convertirse en un factor de distorsión más que de equilibrio.
En el plano político, la decisión también tiene una lectura evidente: refuerza el respaldo del Gobierno entre trabajadores y sindicatos, consolida su narrativa de justicia social y equidad. Pero se convierte, al mismo tiempo, en munición para la oposición y para los precandidatos presidenciales que ven en este decreto un ejemplo de lo que consideran populismo económico. El salario mínimo, sin duda, será uno de los ejes del debate rumbo a las eleciones legislativas y presidenciales de 2026.
En conclusión, el aumento del salario mínimo en un 23% es una apuesta de alto impacto: tiene un claro componente social y simbólico, pero también implica riesgos económicos que no pueden ignorarse. Su éxito o fracaso dependerá de variables que aún están por verse: inflación, empleo formal, productividad y capacidad del Estado para acompañar esta decisión con políticas coherentes.
Al final, un salario más alto puede dignificar el trabajo, pero sin crecimiento económico, productividad y formalización, la dignidad prometida puede terminar erosionada por la inflación, el desempleo o la informalidad. Y en economía, como en política, las buenas intenciones no siempre garantizan buenos resultados.
