El incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional tras el fracaso de la concertación entre empresarios y centrales obreras, abrió un nuevo frente de confrontación en Colombia: el judicial. Mientras sectores empresariales buscan frenar el aumento por vía de acciones legales, el presidente Gustavo Petro defiende la medida como un mandato constitucional y convoca a la movilización social para evitar que sea desmontada.
La primera ofensiva llegó a través de una acción de tutela de 25 páginas interpuesta por el empresario Alexánder Donato Rondón contra la Nación, la Presidencia de la República y los ministerios del Trabajo y de Hacienda. La demanda fue presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien sostiene que el Gobierno vulneró el derecho fundamental al debido proceso y desconoció el principio de concertación tripartita, al expedir los decretos 1469 y 1470 de 2025.
Según la tutela, el incremento promedio del 23.7%, que incluye salario base y auxilio de transporte, fue decretado sin una evaluación adecuada de su impacto negativo en las micro, pequeñas y medianas empresas y en negocios y comercio informales. El documento advierte que la medida genera un “perjuicio inmediato e irremediable” por su gravedad, urgencia e inminencia, y plantea que la tutela es el único mecanismo capaz de proteger de forma inmediata el derecho al debido proceso.
La solicitud es ambiciosa: un doble candado judicial. Primero, que un juez de tutela suspenda de manera inmediata los efectos del decreto; segundo, que esa suspensión se mantenga mientras el Consejo de Estado decide de fondo una eventual medio de control de nulidad.
En paralelo, el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a las principales organizaciones empresariales del País, también pidió a la Corte Constitucional dejar sin efecto el decreto que fijó el nuevo salario mínimo, reforzando la presión jurídica contra la decisión del Ejecutivo.
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No obstante, desde el ámbito legal surgen dudas sobre la viabilidad de esta estrategia. Ángela Joya, abogada auditora del Centro Jurídico Internacional, explicó que la tutela no es el mecanismo ordinario para controvertir un decreto que fija el salario mínimo. Señaló que la vía adecuada es el medio de control de nulidad ante el Consejo de Estado, acompañado de solicitudes de medidas cautelares para suspender los efectos del acto administrativo.
La observación deja ver que la tutela busca operar como un instrumento transitorio de urgencia, mientras avanza el litigio en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde se definirá la legalidad del decreto.
Ante este escenario de “amenazas jurídicas” contra el decreto, el presidente Gustavo Petro reaccionó con un discurso frontal y de alto voltaje político. En un mensaje publicado en su cuenta de X, llamó a los trabajadores y trabajadoras del País a “alistarse para salir a las calles”, al advertir que “sectores de la oligarquía, los oligopolios y sus amigos en el poder judicial” buscan tumbar el decreto del salario vital y otras medidas económicas del Gobierno.
El Mandatario rechazó los argumentos de inconstitucionalidad y negó que el salario vital sea, por sí mismo, generador de inflación. Afirmó que el artículo 53 de la Constitución ordena un salario vital y familiar, y explicó que el monto decretado se calculó con base en datos del DANE sobre el costo de la canasta mínima vital y el promedio de trabajadores por familia, lo que arroja una cifra cercana a los dos millones de pesos mensuales.
“Si es una orden constitucional —cuestionó— ¿por qué en 35 años no se ha cumplido? ¿Por qué el Congreso sólo actúa para los megarricos y las mafias?”. Para Petro, el verdadero factor inflacionario no es el salario, sino el precio de los alimentos, que atribuyó a la ausencia de una reforma agraria y a la concentración improductiva de la tierra.
El Presidente también lanzó una advertencia a los empresarios: aquellas empresas que indexen precios al porcentaje del aumento del salario mínimo estarán incurriendo en especulación y deberán ser sancionadas. A su juicio, esas prácticas violan la Constitución, que ordena un mercado en competencia bajo la vigilancia y regulación del Estado y terminan afectando al consumidor y al trabajador.
En su mensaje, Petro anunció, además, la presentación de un proyecto de ley para que el salario vital mínimo y familiar sea un criterio obligatorio en los decretos de los próximos gobiernos. Aclaró que la iniciativa será discutida por el próximo Congreso o, eventualmente, por una Asamblea Nacional Constituyente.
Así, el aumento del salario mínimo para 2026 se convierte en algo más que una decisión económica: es hoy el epicentro de una disputa jurídica, constitucional y política, donde se enfrentan visiones opuestas sobre el papel del Estado, el mercado, el trabajo y la justicia social en Colombia.
