Eugenio Prieto Soto
No creo que la reforma política que cursa en el Congreso de la República sea la panacea frente a la crisis de institucionalidad que vivimos en Colombia, ni que logre, como lo pretende el ejecutivo, fortalecer las instituciones y el régimen democrático y evitar la infiltración y manipulación en las corporaciones y cargos de elección popular por parte del narcotráfico y de grupos al margen de la ley. Es muy complejo que el tratamiento para una adicción se lo auto formule y aplique el propio paciente. Si así fuera, drásticas sanciones como la silla vacía, que tiene tanta popularidad en los medios de comunicación y el establecimiento de un régimen de responsabilidades para los partidos políticos, se debieron asumir desde la responsabilidad ética e histórica de los partidos en esta crisis y no esperar un acalorado trámite legislativo, de un Congreso de la República, que pareciera no encontrar su norte ético.
Si cuando el país comenzó a sufrir la vergüenza por la detención de sus congresistas, por nexos con narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla o grupos al margen de la ley, los partidos políticos hubieran asumido una posición ética, responsable colectivamente con el momento histórico, le hubieran informado a las presidencias del Congreso que si congresistas de su partido fueren detenidos, la colectividad afectada no proveería la curul, tal vez les hubieran dicho en lógica jurídica que esa acción era inconstitucional, y que se debía posesionar –como se ha estado haciendo en ese perverso carrusel de ilegitimidad- a quien seguía en orden de lista. Allí hubiera brillado con fuerza indeclinable la luz de la ética política, al asumir los partidos políticos la decisión de que quien se posesione lo haría a título personal y automáticamente quedaría por fuera del partido. Pero parece ser que los partidos políticos no han resuelto o no quisieran hacerlo, la permanente reflexión en las relaciones entre ética y política de si ¿el fin justifica los medios? y mucho menos la han asumido con la fuerza del buen hacer y el rechazo de lo que está mal hecho, sin caer en la ética de la convicción como lo planteaba Weber, que permite a las personas al defender de una manera absoluta ciertos derechos, no caer en cuenta de que están violando otros.
El tomar decisiones éticamente relevantes, desde la reflexión y el compromiso del deber ser en la búsqueda del bien común, de qué debe hacerse, con que fines y que medios, la práctica ética política, en el antes que mira horizontes y el después, que critica sus fallos, desviaciones y omisiones; asumir la responsabilidad desde la ética política, que no es otra que la ética del estado, de nuestra propia organización social, los principios o normas de acción que deben regir el comportamiento del político en su calidad de gobernante o legislador, responsable, en última instancia, del bienestar y seguridad de todos los miembros del estado, hubiera garantizado la credibilidad y confianza ciudadanas en sus instituciones democráticas más importantes, los partidos políticos y el órgano legislativo de la Patria, el Congreso de la República. Las preguntas son: ¿la han aceptado?, ¿tendrá entonces el actual Congreso de la República, el carácter y la responsabilidad política suficiente para al menos cumplirle al país con este incipiente cambio en las costumbres políticas? No de otra forma podrán reconstruir la confianza y credibilidad ciudadanas para ser dignos representantes de la sociedad.
Debido a la protuberante presencia de congresistas elegidos con ayuda del paramilitarismo, el narcotráfico o la guerrilla y lo que ello implica en que se genere la idea de que el Congreso es inferior al país, el castigo de la “Silla Vacía” es bastante inocuo en términos del impacto de la transparencia en las prácticas políticas. El cambio de la actividad partidista, la refundación de las relaciones de la clase política con el país, la relegitimación del Congreso y las corporaciones de elección popular, sólo se conseguirán con una transformación que garantice el ejercicio ético de la política y la corresponsabilidad ciudadana, en un marco de responsabilidad colectiva de los partidos y movimientos, distinta a aquella derivada de la conducta individual de sus miembros. La reforma política que hace tránsito en el Congreso se queda por ahora en otra modificación electoral, si se quiere mecánica, que se reduce a resolver algunos casos muy puntuales que hoy son los más evidentes, como hace veinte años era protuberante el abuso de los auxilios parlamentarios para fortalecer a directorios políticos y jefaturas gamonalistas, tema que fue corregido sin que se hubiera dado más transparencia a la actividad política.
