El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 205 de 2009, por medio del cual se busca ampliar el plazo para la aplicación del Acuerdo 33 de 2009, que había ordenado la supresión de 47 plazas en la Contraloría General de Medellín. La ampliación del período para la aplicación del Acuerdo 33 de 2009 le permite a la Contraloría ejercer las potestades otorgadas por la Ley 797 de 2003 y retirar del servicio sólo a aquellas personas que ya tienen causado su derecho a la pensión. Con ello se aseguran dos aspectos fundamentales: en primer lugar, quienes salen de la Entidad no sufren ningún daño ni afectación de índole laboral, social o familiar y, en segundo lugar, porque garantiza, al mismo tiempo, un manejo eficiente de los recursos públicos al evitar el pago de 2.700 millones de pesos en indemnizaciones.
La racionalización del gasto es un mandato de orden legal que no puede ser desconocido por ningún servidor que esté facultado para administrar o disponer de los dineros públicos. Esa es una de las finalidades primordiales del nuevo Acuerdo, además de minimizar el impacto negativo que toda supresión genera en la vida personal y familiar del empleado.
