Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
La reconciliación nacional es un anhelo generalizado, que se puede materializar a partir de la adopción de una certera agenda que nos conduzca a ella. En efecto, si el presidente Santos se propone terminar de una vez por todas con el dilatado conflicto armado, puede generar los procesos que permitan establecer las nuevas reglas de juego que ella exige.
En primer lugar se requiere enderezar de nuevo el proceso con las llamadas autodefensas, que en parte fracasó debido a los manejos irresponsables del anterior gobierno y a que únicamente se buscó la desmovilización y entrega de armas, dejando de lado sus aspectos sustanciales.
Es conveniente introducir los ajustes que requiere la Ley 1424 de 2010, expedida a propósito de la ausencia de mecanismos jurídicos, carencia que no resolvió la Ley de Justicia y Paz y que significó que quedaran en un limbo jurídico más de 30.000 desmovilizados. Así pues, se quedó corta dicha ley: en algunos casos no atiende los asuntos transcendentales que pretendía abarcar.
Claro, los ajustes que requiere y las nuevas acciones jurídicas de allí derivadas, deben ser producto de la más amplia concertación y, sobre todo, deberán inspirarse en el interés de reabrir el diálogo con las autodefensas para que se puedan concretar los aspectos de la verdad y la reparación debida a las víctimas. Acción esta última todavía envolatada, porque los bienes entregados por los desmovilizados se perdieron, estando en muchos casos en manos de instituciones del Estado.
De la misma forma el Gobierno nacional debe reconocer los equívocos en que ha incurrido a lo largo de dicho proceso, y llamar a los desmovilizados y a sus jefes a desatar iniciativas que permitan generar confianza y adoptar los mecanismos que se requieran para que el proceso se reactive y los componentes de verdad, justicia y reparación se concreten satisfactoriamente. Se podrían retomar de nuevo los encuentros entre víctimas y victimarios que con éxito se cumplieron en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
No hay que descartar la posibilidad de que en aras del esclarecimiento de los hechos atribuidos al fenómeno del paramilitarismo se discuta con el gobierno de los EE.UU. la factible repatriación de los jefes de esa organización para que rindan cuentas en nuestros tribunales.
Al mismo tiempo se requiere que, aprovechando la al parecer inminente entrega de varios secuestrados por parte de las Farc, se abran las puertas para construir una agenda conjunta de paz. No se debe desaprovechar esta oportunidad para ofrecer un apoyo decidido a las gestiones de la ex senadora Piedad Córdoba y a la organización “Colombianos y colombianas por la paz”.
Me sorprendió la manera como los jefes paramilitares detenidos en la cárcel de Itagüí han acogido las gestiones humanitarias de la ex senadora. Para sus detractores tiene que quedar muy en claro que la agenda de la reconciliación que permita poner fin al conflicto armado en Colombia pasa necesariamente por reconocer la labor de esta dirigente, así se discrepe de muchas de sus actuaciones y de sus posturas políticas.
El presidente Santos tiene en sus manos esa posibilidad y si la trabaja con discreción y destreza, pero desprovisto de arrogancia –y ante todo sin desconocer que su Gobierno debe rectificar los caminos de la paz-, estará llamado a ser reconocido por la historia como el líder que terminó con el conflicto en Colombia. Recordemos que si se logra enderezar el proceso con los paramilitares también se abren los caminos para que el conflicto urbano y el accionar de bandas y combos en las grandes ciudades se resuelva de una vez por todas. Y nos quitamos esa bendita cantaleta de si debemos negociar o no con las Bacrim y el narcotráfico en general, la forma de resolver este asunto lo determina la manera en que se potencie y enderece el proceso con los paramilitares.
