Por: Eugenio Prieto Soto
En nuestro artículo de la semana anterior: “Estado de Emergencia”, insistimos, como lo hemos hecho desde la Comisión Sexta y desde la Plenaria del Senado de la República, en solicitarle al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que ante la gravedad de la ola invernal que está afectando a más del 50% del país -dejando millones de damnificados; centenares de muertos y heridos; daños irreparables en grandes áreas de cultivos y de ganadería; aislamientos de municipios y territorios por destrucción y deterioro de vías troncales, secundarias y terciarias; la pérdida y daños de viviendas, estructuras escolares y centros de salud, declarara el Estado de Emergencia, que le permitiera al Gobierno, recurrir a recursos no presupuestados para mitigar y controlar esta grave situación de calamidad pública y avanzar en un proceso rápido de reconstrucción en todo el territorio nacional.
En un gesto de sensatez, ante la compleja y grave situación de desastre nacional, el pasado 7 de diciembre, el Presidente de la Republica declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que le entrega los instrumentos jurídicos para intervenir de manera oportuna el problema y la facultad de dictar medidas urgentes que incidan en la mitigación, prevención, control y reconstrucción en el corto, mediano y largo plazo.
La primera fase de este proceso se dedicará a la atención humanitaria, es decir, a salvar vidas y a dar albergue y comida a las cerca de 330 mil familias que hoy lo están requiriendo. La segunda será una fase de rehabilitación para reparar las vías, escuelas, redes eléctricas y demás obras de infraestructura que puedan recuperarse. La tercera fase, que será la más grande y ambiciosa de todas, será la de reconstrucción, que implica levantar de nuevo todo aquello que esté destruido o inservible”.
Es importante resaltar y valorar el anuncio del Presidente de la República, de destinar $1 billón de pesos para atender esta calamidad pública y las amplias expresiones de solidaridad que se han dado a lo largo y ancho del territorio nacional, la de los países y organismos de cooperación que se han hecho presentes y la de todas las personas que de una u otra forma vienen aportando en la medida de sus capacidades para mitigar el problema, pero la magnitud del mismo, hace que los recursos y estas valiosas ayudas no sean suficientes.
Así mismo, se calcula que por los daños causados por la ola invernal, se requieren como mínimo $5 billones para atención inmediata a damnificados, prevención, readecuación de tierras, rehabilitación productiva y reconstrucción de infraestructura vial, educativa, de salud y vivienda, frente a los cuales, los recursos fiscales del Estado resultan insuficientes.
Por ello, a la hora de expedir los decretos con fuerza de ley, destinados a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, es necesario que el Gobierno calcule bien la magnitud de los recursos que se requieren y las fuentes para obtenerlos, para poder establecer en forma transitoria, nuevos tributos o modificar los existentes. Esta responsabilidad debe asumirse de manera equilibrada, lo que significa que estos recursos deben provenir de los diferentes sectores que por su dinámica económica tienen mayor capacidad de realizar este tipo de aportes a la sociedad para posibilitar una respuesta oportuna, eficiente y eficaz de la emergencia.
Por lo tanto, esperamos que el Gobierno busque los recursos en los sectores que hoy pueden hacer una contribución mayor. En este sentido coincidimos con algunos compañeros del Congreso, en propuestas como la del representante a la Cámara, Oscar Marín, de asignar un 10% de los recursos de la venta del 10%, de las acciones de Ecopetrol, es decir, alrededor de $1.5 billones o la de la senadora Maritza Martínez, que en carta dirigida al Presidente de la Republica, le solicitó, que sin perder la confianza inversionista, tratemos de proceder como lo hizo Chile, en la emergencia del terremoto del mes de febrero, que no dudó en “buscar mejorar su participación en la renta minera, en beneficio de sus nacionales más necesitados”, por ello propone: “…en forma transitoria, se grave las actividades de explotación minera y de hidrocarburos ”, para aportarle a la emergencia, alrededor de $3 billones.
Es indiscutible la conveniencia, oportunidad y viabilidad de la declaratoria del Estado de Emergencia, porque de continuar la intensidad y frecuencia de las lluvias, como lo ha previsto el IDEAM, posiblemente debamos lamentar más tragedias tan dolorosas como la de Bello, tan graves y delicadas como las que padecen millones de compatriotas en todo el país.
Sabemos que propuestas como las que hoy presentamos, podrán cuestionarse desde los enfoques de crecimiento económico y rentabilidad de las industrias, pero se requiere de solidaridad y corresponsabilidad, para que todos aportemos equitativamente de alguna manera a la mitigación y solución del problema. Tal como lo señala la senadora Martínez citando al Ministro de Minería de Chile: “…para desarrollar una industria no solo hace falta capital, reglas de juego claras y capital humano; también hace falta legitimidad social, derivada de una actividad económica justa, razonable y solidaria”.
