Uno de los programas más publicitados por la actual administración municipal de Medellín, es el de los denominados PUI, o Proyectos Urbanos Integrales, definidos por su ejecutora, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, cómo “modelo de intervención cuyo objetivo es transformar positivamente, un territorio determinado”, es decir, proyectos de renovación urbana.
En el caso del PUI de la zona centro-oriental, se ha empezado el proceso con el denominado Parque Bicentenario, que hace parte de una intervención mucho más grande aguas arriba de la quebrada Santa Helena. Éste parque está ubicado en el costado oriental del Teatro Pablo Tobón Uribe, y para su ejecución se requiere la demolición de cerca de 180 propiedades, la mayoría de ellas destinadas a vivienda, en las que residen personas humildes que durante décadas han construido allí sus proyectos de vida aprovechando la ventaja de estar ubicados prácticamente en el centro de la ciudad.
La mayor parte de los habitantes son propietarios y sus casas han tenido y tienen como única destinación el uso residencial, en ocasiones combinado con el de pequeños negocios para sobrevivir.
El EDU ha irrumpido en la comunidad haciendo ofertas de adquisición acompañadas de la amenaza de expropiación por la vía administrativa, ofreciendo precios irrisorios que si acaso les permitirían comprar alguna propiedad mucho más pequeña en sitios muy distantes del centro de la ciudad, de tal forma que los costos de desplazamiento se les incrementarían de manera notable, tendrían que cambiar de actividad, y en muchos casos en edades bastante avanzadas, se verían obligados a empezar un nuevo proyecto de vida. De paso se rompería el tejido de amistades y parentescos construido por años.
El Municipio de Medellín emprendió el proyecto sin tener en cuenta el impacto negativo que sobre esos ciudadanos tendrá este desplazamiento forzoso, y ha determinado que la única obligación que tiene es la de ofrecer el precio que arroja el avalúo comercial de los inmuebles, cómo si partiera del supuesto que están encartados con las viviendas o las tienen en venta.
Los afectados han señalado de manera enfática que no se oponen a la construcción del parque, que están prestos a colaborar con una obra que a su juicio embellecerá ese sector de la ciudad y servirá de espacio de recreación a los habitantes que residen en sus alrededores, pero que no aceptan que la compensación ofrecida no les permita ubicarse en condiciones al menos iguales a las que hoy tienen.
La Corte Constitucional mediante la sentencia C 476-07, adelantó una tesis que tiene perfecta aplicación en este caso, y en la que definió que “No puede afirmarse entonces que en el caso de la expropiación por vía administrativa el único valor que puede tomarse en cuanta por la administración para efectos de determinar el precio indemnizatorio que se pagará a los propietarios del bien expropiado sea el avalúo comercial”.
No solamente es un acto de elemental justicia que a quien tiene una posesión pacífica y legítima de un inmueble, con destino exclusivo a utilizarlo como su vivienda, se le reubique en condiciones iguales o mejores a las que tiene, realizando un acto de reparación integral, sino que hay fundamento legal para ello.
Para quienes han tenido la desventura de tener su vivienda en un sitio al que la Administración del Medellín “competitivo y solidario” le puso el ojo para un PUI, Proyecto Urbano Integral, esa sigla significa otra cosa: Plan de Usurpación Inmoral, y le agregaría yo, Ilegal, Inicuo, Indebido, Inconsulto, e Indigno.
Por eso los habitantes de ese sector han creado un Comité Cívico y se han declarado en DESOBEDIENCIA CIVIL, negándose a negociar de manera individual hasta que la administración municipal no defina unos criterios justos, que antes de haber diseñado el proyecto y emprendido su ejecución, debieron haberse estructurado para dar una respuesta amable a quienes tienen que desprenderse de sus bienes para abrir camino al progreso. Bueno, si se considera progreso que a los que no les van a usurpar sus viviendas, es decir a los vecinos del nuevo parque, les van a incrementar los avalúos, lo que les subirá el estrato, los impuestos y las tarifas de servicios públicos domiciliarios.
