El representante a la Cámara, Óscar de Jesús Marín, ha dicho en reiteradas ocasiones en el Congreso, ante alcaldes antioqueños y medios de comunicación, que los Planes Departamentales de Agua violan la Constitución Política, son inequitativos, exprimen las arcas municipales, son privatizadores y hacen que las inversiones se reflejen en altas tarifas, en detrimento de las clases populares.
Esta posición del Representante antioqueño encuentra coincidencias con un concepto de la Procuraduría General de la Nación, que ejerciendo su función preventiva en defensa del orden jurídico y del patrimonio público, evidenció serias dificultades en la implementación y desarrollo de los Planes Departamentales de Agua, especialmente en la operación, marco de responsabilidad y respeto a los principios de autonomía territorial y descentralización administrativa.
Los Procuradores Delegados para Asuntos Ambientales y Agrarios y para la Descentralización y las Entidades Territoriales, expresaron su preocupación al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, afirmando que los PDA muestran una interferencia de los gobiernos nacional y departamentales en las decisiones territoriales, ya que se “requerirá el voto favorable del Ministerio y del Gobernador para la adopción del manual operativo y para la aprobación de los lineamientos generales de contratación y la aprobación del plan anual estratégico de inversiones y sus modificaciones”. Además “la Gerencia Asesora del PDA será contratada por el Departamento o el Gestor, que actúa como miembro del Comité Directivo y determina las condiciones de contratación.
La Procuraduría también llamó la atención sobre la inconveniencia de que el Gobierno Nacional defina las condiciones de cofinanciación y los criterios de asignación de recursos; que haya una aparente intromisión en las finanzas territoriales; que se olvide que los municipios tienen competencia para administrar y regular la prestación del servicio de agua potable; y, entre otras dificultades, que aumenten los costos para las entidades territoriales como consecuencia de que el beneficiario del crédito será el consorcio de entidades privadas.
Éstos son algunos de los argumentos de la Procuraduría que coinciden con los del congresista Óscar Marín, planteados desde el comienzo del debate sobre los Planes Departamentales de Agua, cuando advirtió que se estaban creando las condiciones para condicionar a los alcaldes desde los gobiernos nacional y departamentales, que los PDA eran inequitativos, privatizadores de los servicios públicos, que atentaban contra la autonomía territorial, contra la descentralización, y que ponían en riesgo la eficiencia y la eficacia municipal, entre otros males.
Óscar Marín está de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, el cual advierte sobre la necesidad de ajustar el Decreto 3200 de 2008, que es el que define la estructura del Plan Departamental de Aguas así como su forma de operación.
