En una democracia madura, los jueces no solo están llamados a impartir justicia, sino también a defender su independencia cuando ésta se ve amenazada por presiones externas. En este contexto, la introducción hecha por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia, antes de la lectura del sentido del fallo que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, no puede ser considerada como un exceso. Al contrario, merece ser leída como una reivindicación de la autonomía de la justicia frente a la politización de los procesos judiciales.
La jueza habló de la imparcialidad judicial, de la separación de poderes y del deber de los jueces de actuar conforme a la Constitución y la ley, no a las conveniencias del momento ni a la opinión pública. Y aunque algunos consideran que tales palabras sobran o desentonan con la sobriedad que debe caracterizar a una Juez, yo creo que, al contrario, esas palabras eran necesarias, porque en Colombia, cuando un juez decide conforme a derecho pero su decisión afecta intereses políticos, suele ser víctima de campañas de desprestigio, de señalamientos y de presiones que ponen en entredicho la misma esencia de la justicia.
En una sociedad cada vez más polarizada, en la que los fallos judiciales se evalúan no por sus argumentos jurídicos sino por sus consecuencias políticas, los jueces están en la obligación ética de reafirmar su rol institucional.
La intervención de la jueza Heredia no puede entenderse como una defensa personal, sino como un llamado de atención sobre el respeto que merece la justicia. No habló desde la ideología, sino desde la necesidad de proteger la función judicial. No envió un mensaje al Gobierno ni a la oposición, sino al país entero: la justicia no puede ser rehén de las trincheras políticas ni del escándalo mediático.
El juez debe hablar principalmente con su decisión motivada, clara y coherente. No puede permitir que sus palabras previas al fallo sean interpretadas como gestos de simpatía o confrontación política. Pero cuando, como en este caso, la justicia está en el ojo del huracán y el juez se limita a subrayar los principios que rigen su actuación, el gesto no sólo es válido, sino muy valiente.
Necesitamos más jueces que no teman recordar que su única lealtad es con la Constitución, con ley y con la verdad procesal. Y, al mismo tiempo, necesitamos más ciudadanía que entienda que los fallos judiciales no están para complacer pasiones políticas y mediáticas, sino para garantizar derechos y resolver conflictos conforme al derecho.
