El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes, 26 de septiembre de 2025, la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro Urrego. Según las autoridades norteamericanas, la decisión se basó en las «acciones incendiarias» de Gustavo Petro durante una protesta pro palestina en las calles Nueva York, durante la cual –según el Departamento de Estado- instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia.
Esta decisión del Gobierno de Estados Unidos llevó a algunos sectores políticos y de opinión en Colombia a celebrarla. Sin embargo, esta reacción, más que una expresión de crítica legítima al Mandatario, parece un desahogo oportunista que erosiona principios esenciales de nuestra vida republicana.
Por supuesto que el presidente Petro no debe ser inmune a la crítica. Por el contrario, su estilo de comunicación y sus declaraciones en escenarios internacionales, particularmente en torno al genocidio perpetrado por el gobierno de Benjamín Netanyahu en Palestina, exigen un manejo más diplomático, sin que eso signifique claudicar en la defensa de la vida y de los derechos humanos. Pero debe quedar absolutamente claro que un Jefe de Estado debe tener la altura política para combinar firmeza en los principios, con prudencia en las formas.
Pero, una cosa es exigirle al Presidente mayor rigor diplomático y otra, muy distinta, es alegrarse porque un país extranjero tome decisiones que afectan al Jefe de Estado colombiano. Tal actitud, lejos de ser un gesto de oposición responsable, es una peligrosa invitación al desconocimiento de nuestro propio ordenamiento jurídico.
Colombia no es un territorio sin reglas, ni un escenario de trincheras políticas sin límites. Colombia es un Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho. Eso significa que nuestras instituciones están regidas por la Constitución Política de 1991, la cual delimita, con suma claridad, las competencias entre los poderes públicos, garantiza la convivencia de las fuerzas políticas, reconoce la oposición y exige respeto a las autoridades, nos gusten o no quienes las encarnan en un momento dado.
Y éste es un llamado no sólo para quienes hoy lideran la oposición al Gobierno de Gustavo Petro: es un llamado para quienes estuvieron en la oposición a todos los anteriores gobiernos de derecha y, si así lo deciden los colombianos en desarrollo de nuestra democracia, es un llamado para quienes encarnen la oposición a un eventual próximo Gobierno de centro o de derecha. Quienes hoy celebran que un gobierno extranjero le cierre la puerta al Presidente colombiano, olvidan que con ese mismo gesto están abriendo grietas en la institucionalidad que mañana, en un contexto distinto, también puede jugarles en contra.
Entonces, no se trata de defender a Gustavo Petro como persona o como dirigente. Se trata de defender la Constitución y el respeto a la figura presidencial, porque en ese respeto descansa buena parte de la estabilidad democrática del País.
La crítica es necesaria. La oposición es saludable. Pero es muy importante reflexionar sobre la incoherencia de quienes dicen rechazar el “caos” que supuestamente siembra el Presidente, mientras ellos mismos alimentan un caos mayor al deslegitimar la institucionalidad. ¿Tendrán en claro esas personas que esa incoherencia no hace más que polarizar, dividir y debilitar la democracia que dicen defender?
Porque la lógica es absolutamente clara: el verdadero caos no es el que produce un gobernante con sus errores, sino el que provocan quienes, en nombre de la oposición, dinamitan la institucionalidad que asegura nuestra democracia.
En democracia, señalar es válido. Pero conviene recordar que cuando apuntamos con un dedo acusador, tres dedos de esa misma mano están señalando hacia nosotros, devolviéndonos la mirada.
