La Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional para Medellín y el Valle de Aburrá rechazó de manera “contundente y categórica” lo ocurrido en la cárcel de Itagúí este miércoles, 8 de abril, donde se realizó una parranda vallenata, con la participación del cantante Nelson Velásquez.
Según algunas versiones, la celebración habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos. La situación generó una inmediata reacción institucional y abrió interrogantes sobre los controles de ingreso y la posible participación de funcionarios en la organización del evento.
En el comunicado de la Delegación, se aclaró que estos hechos no hacen parte de las garantías ni del funcionamiento del Espacio de Conversación Socio Jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá con los Voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto, cuyo objetivo es el desescalamiento de violencias y la construcción de paz urbana.
Asimismo, anunció la suspensión de la agenda de interlocución con los voceros hasta tanto se esclarezcan las responsabilidades frente a lo sucedido.
El INPEC pór su parte, fue enfático en señalar que dicha actividad “en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”. En consecuencia, la entidad anunció la adopción de medidas urgentes para esclarecer los hechos.
Entre las decisiones adoptadas se encuentra el relevo inmediato del Director encargado del establecimiento y el traslado del Comandante de vigilancia. Adicionalmente, se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio al momento del ingreso del artista.
El INPEC también dispuso la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad de la cárcel, con el propósito de verificar las condiciones en las que se produjo la visita y determinar posibles irregularidades en los protocolos de seguridad.
El caso reabre el debate sobre la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios y la efectividad de los mecanismos de control en establecimientos de alta seguridad como la cárcel de Itagüí.
