La Asociación Colombiana de Veedurías solicitó el desmantelamiento inmediato del grupo denominado “gestores de convivencia”, implementado por la Alcaldía de Medellín, al considerar que sus actuaciones estarían generando temor ciudadano y posibles vulneraciones a los derechos humanos, al actuar como un grupo “para policial”.
La Asociación advierte que, según denuncias recogidas, estos gestores —adscritos a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín— no sólo estarían realizando labores de acompañamiento y control en el espacio público, sino también interviniendo en procedimientos como el desalojo de vendedores ambulantes y habitantes en situación de calle e, incluso, participando en requisas y acciones que corresponderían exclusivamente a la fuerza pública.
De acuerdo con el comunicado la Asociación Colombiana de Veedurías, estas prácticas estarían excediendo el marco legal permitido para este tipo de figuras, lo que podría configurar una extralimitación de funciones. En ese sentido, se cuestiona que personas sin competencia jurídica estén desarrollando actividades propias de la Policía Nacional, lo que revive “las peores lógicas de las Convivir y del paramilitarismo”.
El pronunciamiento también señala una supuesta falta de reacción por parte de los organismos de control disciplinario y administrativo -como la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el mismo Concejo Distrital- frente a las denuncias existentes. Precisamente, menciona al concejal del partido Centro Demorático, Andrés “El Guri” Rodríguez, como uno de los promotores de estas iniciativas. También señalan el fracaso total de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, que debería haber intervenido hace rato.
En el comunicado se formulan tres exigencias principales: que las autoridades competentes ordenen el desmonte inmediato del programa por considerarlo inconstitucional; que se adelanten investigaciones disciplinarias y penales contra los responsables de presuntas agresiones a ciudadanos; y que el alcalde Federico Gutiérrez ofrezca disculpas públicas por los hechos denunciados.
Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente debate sobre las estrategias de seguridad urbana en Medellín. Mientras la administración distrital ha defendido la figura de los gestores de convivencia como un mecanismo para fortalecer la presencia institucional y promover el orden en el espacio público, sectores críticos advierten sobre los riesgos de delegar funciones sensibles en personal no uniformado ni plenamente capacitado. “Medellín merece seguridad, no brutalidad”, concluye el comunicado de la Asociación Colombiana de Veedurías.
La discusión se inscribe, además, en un momento político marcado por tensiones entre distintas visiones sobre seguridad, autoridad y derechos humanos, en una ciudad donde históricamente estos temas han tenido profundas implicaciones sociales y políticas.
