El Proyecto de Ley 136 de 2024, que busca regular la prestación de servicios de transporte privado intermediados por plataformas tecnológicas, sigue generando debate entre cooperativas, empresas y gremios de taxistas, los cuales han trasladado su preocupación al Senado de la República.
El presidente de Tax Individual y sus Empresas Aliadas, Fabián Quintero Valencia, había enviado una carta a los senadores expresando su preocupación por los posibles efectos de la iniciativa. En la misiva enviada en el mes de agosto, Quintero Valencia señaló que el transporte público ha sido estructurado para garantizar seguridad, comodidad y accesibilidad, con prioridad del interés general sobre el particular, y advirtió que el Proyecto de Ley podría tener consecuencias en varios frentes.
El senador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán respondió al llamado y agradeció el respaldo de cooperativas, gremios y empresas como Cootransmede, Coopebombas y Tax Individual, que han entregado documentos y propuestas para sustentar la solicitud de archivo de la iniciativa. Según el Congresista conservador, el sector atraviesa dificultades por el aumento en los costos de combustibles, repuestos, impuestos y problemas de seguridad, por lo que considera necesario evitar medidas que, a su juicio, podrían generar nuevas cargas.
Respaldó los argumentos que Fabián Quintero presentó en su carta a los senadores, como el impacto del Proyecto 136 en el ámbito económico, ya que el ingreso de vehículos particulares al servicio de transporte individual de pasajeros afectaría la demanda de los sistemas existentes como el Metro, el Tranvía, los buses y los propios taxis, lo que podría generar desequilibrios financieros y eventuales responsabilidades fiscales para el Estado.
En el aspecto ambiental y de movilidad -que es el ámbito de experticia de Echeverry Alvarán-, el “Econgresista” considera indiscutible que de aprobarse el Proyecto, aumentarán la congestión vehicular y las emisiones contaminantes, en contravía de los objetivos de sostenibilidad. En el plano social, el impacto de la que consideran competencia desleal frente a los servicios intermediados por plataformas digitales, será sobre aproximadamente un millón de familias.
De momento, tanto los gremios y empresas de taxis como el senador Nicolás Albeiro Echeverry tienen en claro la urgencia de archivar el Proyecto de Ley 136 de 2024, para proteger un sector que consideran esencial, formal y garante de la seguridad de los pasajeros de Colombia.
