El Juzgado Trece Administrativo de Medellín notificó al concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, el contenido de la Sentencia 0117 de 2011, mediante la cual resuelve: “prospera el recurso de insistencia contra la negativa de la compañía Une Telecomunicaciones de negar la petición del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, para obtener copia de las actas de la Junta directiva de la compañía correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011, con sus respectivos anexos, con el fin de ejercer el control político que le corresponde como Concejal de la ciudad.”
Esta nueva decisión judicial se suma a la anterior actuación en la que el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín igualmente condenó a UNE a entregar a Guerra Hoyos los documentos en que constaban las millonarias bonificaciones que ya han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Contraloría General de Medellín. La decisión se contrapone a la afirmación de la Compañía, la cual sostiene que la información es de carácter reservado y que ni siquiera puede ser entregada para el ejercicio del control político.
En esta ocasión, en la que el Corporado solicitó las actas de la Junta Directiva de UNE con el propósito de verificar la responsabilidad de la misma en los despilfarros que ya han sido denunciados en anteriores debates, el representante Legal de UNE, Horacio Vélez de Bedout, le pidió al Alcalde de Medellín que se pronunciara en relación con la entrega de dichos documentos, frente a lo cual la Secretaría General de la Alcaldía sostuvo que la Compañía de telecomunicaciones se regía por el derecho privado y por consiguiente sus documentos tienen la misma reserva que los libros contables de cualquier comerciante.
Tras este concepto, nuevamente UNE respondió al concejal Bernardo Alejandro Guerra con una negativa, añadiendo a lo anterior la tesis de que las actas de su Junta Directiva son secretos empresariales que sólo se entregan a las autoridades judiciales.
Guerra Hoyos, interpuso el recurso de insistencia, que se tramita ante los Jueces Administrativos, con el propósito de que resolvieran la controversia, y señaló que a pesar de que la empresa esté regida por normas de carácter privado, ello no la convierte en empresa privada ni hace que se escape del control político del Concejo Municipal.
El Juzgado Trece Administrativo de Medellín dio nuevamente la razón al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, señalando que, junto con el derecho al voto, el acceso a la información que custodian las entidades públicas es el derecho fundamental por excelencia que tienen los ciudadanos para tomar parte en las actividades del Estado.
Igualmente el despacho, luego de varias consideraciones frente a la importancia del control político, manifestó que la petición de información “debe ser atendida ya que dada su calidad de concejal tiene pleno derecho a que se le suministren los documentos requeridos, para ejercer a cabalidad su función pública”
Y de la misma manera sostiene: “Es cierto que la empresa UNE TELECOMUNICACIONES, por tratarse de una empresa cuyo objeto social es la prestación del servicio de telecomunicaciones, está sometida al régimen jurídico del derecho privado, conforme lo dispone el artículo 55 de la ley 1341 de 2001, pero ello no significa que puede sustraerse de su carácter de entidad descentralizada del orden municipal, por lo que es sujeto de control político que es atribución propia del Concejo de la ciudad de Medellín.”
El Juzgado también desestimó una petición subsidiaria de UNE, según la cual, en caso de que la información debiera ser conocida por el Concejal, no podía ser reproducida por este último ni dada a conocer en los debates públicos.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos solicita nuevamente tanto al Gerente de UNE EPM Telecomunicaciones como al Alcalde de Medellín, que se abstengan de huirle al Concejo de la ciudad con el argumento de que la información que se les solicita es de carácter confidencial.
Igualmente hizo un nuevo llamado a la Personería de Medellín para que intervenga en esta clase de violación al derecho fundamental de petición que conlleva un irrespeto al ejercicio del control político.
