El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una carta que envió el 2 de julio pasado al Departamento de Estado de Estados Unidos, al FBI, a la DEA y a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, mediante la cual hizo “Traslado de información relevante sobre situación crítica de seguridad y criminalidad transnacional” en Medellín.
La misiva comienza dirigiéndose respetuosamente a los destinatarios “con el fin de expresar una profunda preocupación institucional por los recientes hechos que, desde la política nacional del actual Gobierno colombiano, presuntamente están favoreciendo de forma directa e indirecta a estructuras criminales que históricamente han afectado tanto la seguridad de nuestra ciudad como la de sus aliados internacionales, entre ellos, Estados Unidos de América”.
El alcalde Federico Gutiérrez denunció la presunta connivencia del Gobierno del presidente Gustavo Petro con estructuras criminales y criticó la “legitimación” de cabecillas de esas estructuras, condenados, en actos públicos políticos como el que se llevó a cabo en la plazoleta de La Alpujarra, el 21 de junio, denominado “Pacto por la Paz Urbana” en el marco de su proceso de “Paz Total”.
Pero más allá de la gravedad de lo que expone —nombres de jefes criminales, alianzas con carteles internacionales y, entre otras, acusaciones directas al presidente Gustavo Petro de favorecer a delincuentes—, la acción del Alcalde vuelve a plantear el debate que suscitó en días pasados cuando viajó a Washington con el Alcalde de Cali en busca de la certificación: ¿Hasta dónde puede llegar un mandatario local en su rol institucional? ¿No está Gutiérrez invadiendo competencias reservadas al Gobierno nacional en materia de relaciones internacionales y seguridad exterior?
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El documento está cargado de afirmaciones sensibles mediante las cuales no sólo interpela al Presidente sino que eleva una queja ante autoridades extranjeras, actuando como si fuera canciller o embajador y no como alcalde.
Los críticos de Gutiérrez Zuluaga han manifestado que estaría usando la Alcaldía como plataforma política, con un claro cálculo de posicionamiento nacional: no es la primera vez que el Excandidato Presidencial confronta al Gobierno de Gustavo Petro. Pero esta vez lo hace rompiendo protocolos institucionales: las comunicaciones oficiales con gobiernos extranjeros corresponden a la Cancillería, no a los entes territoriales.
El gesto puede interpretarse como una especie de “diplomacia paralela”, que si bien llama la atención internacional sobre la crisis de seguridad en Medellín, también podría debilitar la interlocución del Estado colombiano frente a sus aliados.
En consonancia con las voces críticas a esta recurrente confrontación del Alcalde de Medellín con el Presidente de la República, surge la pregunta: ¿Gutiérrez está defendiendo a Medellín o está “sobrerrepresentando” su papel, con el riesgo de que sus denuncias sean vistas más como participación política que como un esfuerzo institucional serio?.
El Alcalde tiene razón en señalar que la Ciudad sufre una profunda penetración del crimen organizado y que algunos líderes nacionales se han mostrado complacientes frente a esa realidad. Pero la vía escogida —cartas directas a agencias de inteligencia extranjeras— abre un vacío institucional: ¿Qué lugar queda, entonces, para la Cancillería, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa?
En conclusión, la carta de Federico Gutiérrez es un golpe con efecto mediático que lo ratifica como el principal opositor de Petro desde lo local. Sin embargo, la legitimidad de su acción es cuestionable, porque denunciar la criminalidad, es un deber; pero pretender ejercer funciones de política exterior desde una alcaldía, es un exceso.
