Los recientes bombardeos de la Fuerza Pública, en los que murieron menores de edad reclutados por grupos insurgentes, volvieron a sacudir el debate nacional sobre los límites de la acción militar, la responsabilidad del Estado y la protección de la población más vulnerable. La acción de la Fuerza Pública desencadenó una moción de censura contra el ministro de Defensa, General (R) Pedro Arnulfo Sánchez, la que rápidamente se convirtió en escenario de controversia política, interpretaciones jurídicas y disputas éticas.
Desde varios sectores de oposición se cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro, criticando posibles fallas de inteligencia y los riesgos de operar en zonas donde los grupos armados reclutan a menores de edad. Pero la discusión tomó un giro sorpresivo cuando Centro Democrático, el partido líder de la oposición, anunció que no apoyaría la moción de censura, apelando a un principio que escasea en la política contemporánea: la coherencia.
El representante José Jaime Uscátegui lo expresó sin rodeos: “Nos parece incoherente que después de tres años de impunidad total, en los que le pedimos a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa que actúe, ahora vamos a caerles encima, como si fueran los malos del paseo”. Su postura señala una contradicción: castigar al Ministro por cumplir una exigencia sostenida por ese mismo partido, la de recuperar la ofensiva militar contra los grupos criminales.
Este matiz abrió un debate más amplio: ¿cómo armonizar la obligación constitucional del Estado de perseguir a las estructuras armadas con el imperativo jurídico y moral de proteger la vida de menores reclutados a la fuerza? La respuesta no puede ser reducida a banderas políticas, sino a un análisis riguroso del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de las prácticas de guerra degradada que enfrentan las Fuerzas Militares.
En ese contexto, la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, intervino con firmeza para defender la legitimidad de las operaciones ofensivas.
Cabal reconoció que “la guerra es la manifestación más degradante de la conducta humana y nunca debemos desearla”, pero recordó que un Estado constitucional debe garantizar el derecho a la vida mediante el uso legítimo y proporcionado de la fuerza. Subrayó que la minoría de edad —cuando se trata de niños reclutados— no impide que la Fuerza Pública ejerza su obligación de defensa, porque los grupos armados ilegales los integran deliberadamente en hostilidades y los convierten en objetivos militares a través de su función de combate.
Respaldándose en el DIH, Cabal explicó que “la necesidad militar hace parte del principio del Derecho Internacional Humanitario” y que, según los Protocolos de Ginebra, los combatientes participan en la conducción de hostilidades independientemente de su edad, cuando realizan tareas propias de combate. Para la Senadora de Centro Democrático, las críticas contra las operaciones no sólo desconocen estos principios, sino que además incentivan el reclutamiento: cada vez que se demoniza una operación militar por la presencia de menores, se estimula —según ella— que los grupos armados utilicen niños como protección.
Cabal fue aún más lejos al denunciar una narrativa “activista” que, en su lectura, busca desarmar al Estado.
Comparó la situación con el debate del glifosato: “Así como se inventaron que el glifosato daba cáncer y hoy tenemos 300 mil hectáreas sembradas de coca, ahora pretenden que no exista superioridad militar con el uso de la fuerza aérea”. Para ella, debilitar la capacidad operativa de las Fuerzas Militares equivale a dejar desprotegido al País frente al avance de las disidencias y demás estructuras criminales.
Sus palabras, más allá de la polémica, ponen sobre la mesa una pregunta incómoda y urgente: ¿Estamos fortaleciendo al Estado o contribuyendo a que los grupos armados impongan las reglas de la guerra?
En este sentido, Cabal llamó a respaldar a los soldados y policías que, como afirmó, “arriesgan la vida no sólo en el campo de batalla, sino frente a una presión activista que busca impedir que Colombia pueda defenderse”.
El episodio revela las tensiones entre legalidad, moral, eficacia militar y cálculo político. Mientras unos buscan un responsable político inmediato, otros insisten en que la coherencia y el respeto al DIH deben guiar la discusión. Lo cierto es que, en medio del dolor por la muerte de menores reclutados, el País necesita un debate sobrio, informado y ético.
Porque si algo demuestra esta controversia es que sin coherencia, la política se extravía; con coherencia, al menos intenta honrar la verdad y la responsabilidad histórica.
