A propósito del malestar frente a la Resolución del Ministerio de Educación Nacional del 29 de diciembre de 2025, “Por la cual se reemplaza al Rector de la Universidad de Antioquia”, manifestado por el Consejo Académico, algunos sectores de la comunidad universitaria expresaron que la inconformidad es una “posición corporativa de respaldo” de la mayoría de decanos cercanos al rector John Jairo Arboleda, varios de ellos reelegidos. Al contrario, estos críticos respaldan la intervención del Ministerio de Educación, la cual debe contribuir a transformar una Universidad en la que -según dicen- desde hace años se ha instalado una especie de “feudalismo académico”.
Agregan que romper los “feudos” de poder dentro de la Universidad es deseable y coherente con su principio democrático para evitar que la academia se convierta en una “estructura clientelar, ajena al mérito y peligrosamente similar a las prácticas políticas corruptas que se critican a nivel nacional”.
Insisten esas voces críticas que es necesario desmontar esos “feudos” como condición indispensable para recuperar la coherencia ética de la Universidad y su función social, y evitar el daño administrativo, político, formativo y ético hecho a estudiantes y jóvenes docentes que aprenden que “pesan más la lealtad acrítica y el silencio complaciente que el talento, la transparencia y la crítica argumentada”.
Los que critican el comunicado del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia aseguran que, en verdad, debe hacerse un análisis sustentado en información verificable sobre la gestión administrativa de los últimos 20 años, despojados de la solidaridad política e ideológica. Dicen que son demasiadas las “zonas oscuras” como para despachar el debate con comunicados defensivos, porque lo que está en juego no es “una mal entendida autonomía universitaria, usada como escudo para encubrir una mala gestión, el manejo cuestionable de recursos públicos o la captura de la institución por intereses privados y clanes internos de poder”.
Tras la Asamblea General del Profesorado de la Universidad de Antioquia, realizada en agosto de 2025, los docentes consideraron que si bien las medidas preventivas y de vigilancia especial adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional sobre la Universidad de Antioquia han abierto un debate sobre los alcances de la autonomía universitaria, ésta no se puede aceptar si es para “cerrar espacios deliberativos, oscurecer decisiones o proteger privilegios”.
Por ello, respaldaron la resolución 016105 del Ministerio de Educación Nacional que ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial en la Universidad de Antioquia, lo cual no debe ser entendido como una intromisión o una amenaza, sino como una oportunidad estratégica para reorientar la autonomía universitaria hacia su sentido original: “un mecanismo para garantizar la libertad académica, la responsabilidad social y el buen gobierno dentro de la universidad pública, especialmente en un contexto de múltiples crisis interrelacionadas –administrativas, financieras, académicas, sociales y políticas– que requieren respuestas integrales y democráticas”.
Concluyen que “la autonomía no es sinónimo de impunidad ni un cheque en blanco para administrar sin control”. Precisan que están en juego la credibilidad, la ética y el carácter público de la Universidad, valores que deben prevalecer por encima de cualquier lealtad corporativa o interés particular.
Finalmente, dicen que están convencidos de que el Ministerio de Educación Nacional tiene fundamentos para haber tomado la decisión de reemplazo del rector John Jairo Arboleda, la cual está sustentada en el Informe Preliminar de Vigilancia Especial a través de la Inspección In Situ de la Universidad de Antioquia.
