Por: Fabio Humberto Rivera
La Ley 1164 de 2007 y las Resoluciones 1058 del 23 de marzo de 2010, 2959 del 8 de julio de 2010 y la 3321 del 26 de agosto de 2010, del Ministerio de Protección Social, que reglamentan el año social obligatorio para Médicos, Odontólogos, Bacteriólogos y Enfermeras, son arbitrarias e incoherentes.
En Colombia se están graduando cuatro mil médicos anualmente que requieren prestar el año social obligatorio, o año rural, sin que el Ministerio garantice la existencia de plazas suficientes para tal fin.
El Ministerio de Protección Social obliga al año social; las I.P.S. exigen experiencia para vincular a los médicos; las universidades no reciben en sus postgrados a egresados que no hayan cumplido con el rural; mientras que los alcaldes y los gerentes de los hospitales cierran las plazas.
Hoy en Colombia es casi imposible encontrar para los bacteriólogos, los odontólogos y las enfermeras dónde hacer el año rural . Y por cuenta de las normas bobas de Protección social, los médicos también empiezan a sufrir las mismas consecuencias.
Las Resoluciones del Ministerio atentan contra la descentralización, quitándole a los municipios y departamentos la potestad que tenían para escoger a los profesionales del año social obligatorio.
El Ministerio debió reglamentar o normar, para que las E.P.S., I.P.S. y E.S.Es. garanticen el año social al que están obligados los profesionales aquí nombrados, con salarios dignos y en instituciones calificadas. Pero esto no fue lo que hizo; prefirió de manera miope, sin resolver los problemas que se han denunciado por más de 10 años, centralizar en Bogotá la rifa de las pocas plazas que existen. Esto unido a la proliferación irresponsable del número de facultades de medicina en todo el país, avaladas por el Ministerio de Educación. Lo que hace pensar que el Ministerio no ha entendido que en Colombia faltan médicos en algunas especialidades y no médicos generales.
Con la actual oferta educativa en Colombia se gradúan cuarenta mil médicos generales en diez años. Es hora de que el Ministerio de Educación cierre aquellas facultades de medicina que no cumplan con los más estrictos estándares de calidad; pues ellas preparan el talento humano responsable de la salud de los colombianos y están obligadas a hacerlo con la excelencia que esto demanda.
