El crecimiento económico y el desarrollo social que implica Hidroituango tanto para los 25 municipios antioqueños de influencia como para el País, obliga a EPM y a los gobiernos Departamental y Nacional a hacer ingentes esfuerzos para garantizar seguridad y orden público para que su desarrollo sea posible.
Éste es el planteamiento del concejal de Medellín, Róber Bohórquez Álvarez, quien recuerda el precedente del proyecto hidroeléctrico Porce IV, comprometido en 2008 ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- a iniciar operaciones en 2015, para lo cual suscribió una póliza de garantía. A la postre, EPM tuvo que pagar por incumplimiento. La razón: el 14 de diciembre de 2010 se vio obligada a suspender el proyecto indefinidamente por motivos de orden público que hicieron inviable su construcción.
De acuerdo con el pormenorizado análisis del mapa de inseguridad y desorden público que el concejal Róber Bohórquez hizo durante la sesión conjunta del Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, realizada este miércoles, 3 de julio de 2013, las zonas de mayor producción minera e hidroeléctrica del Departamento siguen siendo el principal fortín de los grupos armados al margen de la ley.
Hidroituango generará 2.400 megavatios, con lo que se convertirá en el megaproyecto más grande de Colombia, permitiendo duplicar la capacidad de generación de energía de EPM a 13.900 gigavatios/hora anuales durante su vida útil. Además de los beneficios para al menos a 25 municipios del norte de Antioquia en mejoramiento de vías, generará 5.000 empleos directos y 25.000 indirectos.
Róber Bohórquez afirma que para que estos y otros impactos positivos se produzcan, y que en efecto Hidroituango pueda entrar en operación en 2018, EPM deberá tener en cuenta la voluntad política y militar que tengan los gobiernos Central, Departamental y locales para controlar la inseguridad y el desorden público que, de la mano de las FARC, el ELN y las bandas criminales, se puedan presentar durante la construcción de la infraestructura eléctrica y su fase de operación. Dice que las características sociopolíticas y económicas de la zona son propicias para asaltos o robos, sabotajes, secuestros, actos terroristas y paros cívicos.
Por eso el Concejal de Cambio Radical insiste en que EPM debe proyectar inversiones para apoyar el control militar del territorio, manejar procesos de inteligencia y construir una base militar helicotransportada en Llanadas y Horizontes, con la más alta tecnología de guerra no convencional.
Igualmente le propone a EPM la creación de una Oficina de Crisis que coordine la mesa de trabajo de crisis para los territorios de injerencia de las hidroeléctricas y en la que intervengan el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, los comandos operativos del ejercito en Antioquia, el CTI, la Fiscalía, el IDEA, la Gobernación de Antioquia y la CREG.
Finalmente, Róber Bohórquez le propone al Gobierno Nacional que agregue a la agenda de negociaciones con las FARC en la Habana el tema de la construcción de los proyectos hidroeléctricos que EPM realiza en la actualidad en Antioquia.
