Por: Jaime Jaramillo Panesso
La globalización de la economía y de las comunicaciones trae consigo desastres humanos y culturales, si la responsabilidad internacional de las normas y la clara intervención del estado se quedan en la acera de los hechos y de los riesgos. La tragedia que ocurrió en Dacca, capital de Bangladesh, el 24 de abril pasado es de suma gravedad. Dacca es una ciudad con 11 millones de habitantes donde el 45% de la población no tiene servicios sanitarios. Con motivo del alza en los costos de mano de obra en China, los productores textiles y manufacturas derivadas (ropa) se instalaron en Bangladesh y más concretamente en Dacca.
Un edificio construido para locales comerciales, de cinco pisos, con el nombre de Rana Plaza, le agregó su propietario, Sohel Rana, otros tres de manera ilegal y montó una fábrica en el último. El edificio se derrumbó con las obreras y trabajadores del comercio dentro, cuyo total se calcula en unas tres mil personas. La tragedia cubre a más de 600 víctimas mortales y 2.500 heridos y mutilados. En estos defectuosos e improvisados locales industriales ya se presentaron en el reciente pasado incendios que causaron 700 muertos. Bangladesh es el país estrella de las inversiones para la industria textil de exportación con 200.000 instalaciones de esta índole que emplea a cuatro millones de trabajadores, 80% mujeres, y exporta 20.000 millones de euros al año.
El empleo es tan precario que en Bangladesh se paga el más bajo salario del mundo, 32 euros al mes, cerca de 90 mil pesos colombianos, es decir, 3 mil pesos día. Con este tipo de salarios de hambre, el mercado internacional de las grandes ligas de la ropa importada, que se expresan en las marcas comerciales introducidas vía la propaganda chic para las damas y caballeros de buen gusto, llenan los contenedores que embarcan a todos los demás países del mundo: una camisa fabricada en Dacca, Bangladesh, se vende por 56.000 pesos, en Europa, mientras el costo laboral es de 4.200 pesos.
Los trabajadores en estas usinas de la muerte que no están controladas por los inspectores del estado y que no reciben paga por las horas extras, cuyos contratos son variados en etapas de excesiva demanda por la clientela internacional y por ella deben laborar largas jornadas sin interrupción, tampoco pertenecen a los sindicatos ni hay líderes sociales que los defiendan. Y menos aún si son menores de edad, los mismos que manejan telares y máquinas sin seguridad industrial. El edificio Rana Plaza evidenció grietas el día anterior a la tragedia, pero el patrón determinó continuar laborando. La policía estaba informada, pero no actuó previsiblemente. Sohel Rana está detenido. Pero no basta que este sujeto sea juzgado. Se necesita una autoridad efectiva que controle esta peste de miseria laboral de la cual se nutren las firmas internacionales. Y todos los “Huecos” y sanandresitos del mundo.
