La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- expidió una guía de obligaciones tributarias relacionadas con la financiación de campañas políticas que participarán en las elecciones legislativos y presidenciales del 8 de marzo, 31 de mayo y, eventualmente, 21 de junio, en caso de segunda vuelta en las presidenciales.
La entidad informó que expidió esta Guía, como integrante de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales -específicamente de la Subcomisión de Financiación de Campañas, que se encarga de prevenir el uso indebido de recursos públicos, fortalecer los controles sobre las fuentes de financiación y gastos y promover el control social en la financiación electoral-.
El documento está dirigido a los tribunales seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral; candidatos, partidos y movimientos políticos; movimientos sociales y promotores del voto en blanco; gerentes, tesoreros y auditores de campañas; grupos significativos de ciudadanos y demás actores que intervienen en el proceso electoral.
La Guía contiene información clave sobre los siguientes aspectos:
• Inscripción y actualización en el Registro Único Tributario (RUT), antes del inicio de actividades.
• Declaración de ingresos y patrimonio, obligatoria para partidos y movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, conforme al artículo 23 del Estatuto Tributario.
• Facturación electrónica y documentos equivalentes, aplicable a quienes vendan bienes o presten servicios gravados.
• Obligaciones como agentes retenedores, incluyendo la práctica y declaración mensual de retenciones en la fuente.
• Tratamiento fiscal de las donaciones que no constituyen renta ni ganancia ocasional si se destinan exclusivamente a la financiación de campañas y los requisitos para su certificación.
• Reporte de información exógena, según lo dispuesto en la Resolución 162 de 2023 y sus modificaciones.
La Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales es presidida por el Ministerio del Interior y se encarga de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos.
