Durante la Audiencia Pública realizada en Antioquia para discutir el Proyecto de Ley 136 de 2025, que busca regular el servicio de transporte privado intermediado por plataformas digitales, el senador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán reafirmó su defensa del gremio de taxistas y de las empresas formales que históricamente han prestado el servicio público de transporte público individual de pasajeros en el País.
El Senador recordó que desde hace años ha acompañado al gremio en sus discusiones, dificultades y desafíos, reconociendo que las empresas de taxi han cargado con costos operativos cada vez más altos, afectando su rentabilidad, pese a lo cual mantienen estándares de servicio, formación y control que benefician directamente al usuario.
«Son empresas a las que les ha tocado unos avatares bastante dificultosos. Son empresas que hoy rayan con la irrentabilidad. Son empresas que hacen un esfuerzo faraónico por prestar un servicio, el mejor servicio, pero los costos de los repuestos, los costos del combustible, los costos operativos realmente han hecho un lío insostenible«, afirmó.
En su intervención, Echeverry expresó su preocupación por varios puntos del Proyecto de Ley, especialmente aquellos relacionados con la habilitación, la autonomía territorial y el manejo de cupos, que podrían afectar a alcaldes y autoridades locales en el control de la oferta y la demanda, por lo que pide el archivo del Proyecto.
Destacó que las empresas formales cuentan con sistemas robustos de seguimiento, control y formación, que incluyen plataformas internas, capacitación constante y mecanismos de protección al consumidor. Señaló que estas obligaciones no siempre están presentes en esquemas de transporte intermediado por plataformas digitales.
«Siempre el empresario del taxi está identificado, tiene que prestar el servicio, la empresa tiene control sobre sus vehículos, tiene control sobre sus trabajadores y está obligado permanentemente con inversiones muy altas, con esfuerzos muy costosos, con plataformas digitales internas que les han permitido garantizarle el
servicio a los ciudadanos», agregó
Respecto de la seguridad vial, subrayó que las cifras oficiales muestran un impacto significativo cuando no existen adecuados controles sobre quién presta el servicio, en qué condiciones y bajo qué tipo de responsabilidad empresarial.
«No tenemos nada en contra del tema de las plataformas, ni nada en contra de las personas que prestan ese servicio. Nosotros lo que creemos es que el Gobierno tiene que ordenar el sistema de transporte, y dentro del sistema de transporte, ordenar y respetar esas empresas«, manifestó.
Asimismo, advirtió sobre los impactos fiscales, ambientales y tributarios que podría generar una regulación desequilibrada, recordando que el proyecto, en sus múltiples versiones anteriores, no ha recibido concepto favorable de la Superintendencia ni del Ministerio de Transporte por estas mismas razones.
Finalmente, invitó al Ministerio de Transporte y a los autores del proyecto a mantener un diálogo abierto, técnico y respetuoso, que permita construir una regulación que beneficie al Pais sin destruir los avances y esfuerzos del sector formal.
“Tenemos que hablar de proteger los derechos adquiridos… Garantizar la equidad regulatoria… Y evitar una prestación de un servicio de manera irregular, inadecuada, y tratar de nivelarnos por lo malo y no por lo bueno”, concluyó el senador Echeverry Alvarán.
