El pulso por la conformación del gabinete del presidente Gustavo Petro entró en un terreno inexplorado en la historia jurídica y política de Colombia. La representante Katherine Miranda ha sido enfática en que se respete la Ley 2424 de 2024, que garantiza la participación paritaria de hombres y mujeres en los ministerios. Su reclamo se centra en que la actual composición del gabinete desborda la cuota masculina, con un 52,6% de hombres frente a un 47,4% de mujeres.
La controversia, sin embargo, tomó un matiz inesperado con el caso de Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad, quien se reconoce como persona de “género fluido”. Su defensa, respaldada por el propio Gobierno, insiste en que no debe ser contabilizado dentro de la categoría “hombre”, pues su identidad no se ajusta al esquema binario. De hecho, Florián ha hecho pública su autopercepción en femenino y masculino en distintos momentos, en un ejercicio de tránsito entre ambos géneros.
El asunto ya no es sólo político, sino también jurídico. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá definir si la autodefinición de Florián tiene efectos vinculantes frente a una norma pensada en términos binarios: mitad hombres, mitad mujeres.
¿Debe la justicia limitarse al dato biológico consignado al nacer o reconocer que la identidad de género es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales de derechos humanos?
Pero el desajuste en la paridad no comenzó con Florián sino con el nombramiento de Eduardo Montealegre como Ministro de Justicia, tras la salida de Ángela María Buitrago. Desde entonces, el Gobierno perdió la mayoría femenina que había alcanzado en los primeros meses de 2023.
Lo que para la oposición constituye una cadena de incumplimientos legales, para el oficialismo es una reinterpretación necesaria de la norma en tiempos de identidades diversas.
La defensa de Florián lo plantea en términos de inclusión: excluirlo de la categoría de “no hegemónico” sería invisibilizar su identidad. Sus opositores, en cambio, consideran que esa argumentación es una maniobra para evadir el mandato legal. Ambos lados parecen coincidir en algo: la Ley 2424 nunca previó escenarios distintos al binario hombre/mujer. Ahora los tribunales tendrán que decidir si la paridad admite un tercer espacio.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha respaldado a su Ministro y ha recordado que el pluralismo y la diversidad hacen parte de la esencia de su proyecto político. Pero la decisión final no estará en el Palacio de Nariño, sino en los estrados judiciales. Allí se jugará no sólo la estabilidad del gabinete, sino también la manera como el Estado colombiano legisla y garantiza la igualdad en un país cada vez más consciente de sus diversidades.
La paridad, concebida como un avance para equilibrar históricamente la balanza entre hombres y mujeres, hoy se enfrenta a un nuevo reto: el reconocimiento jurídico de las identidades no binarias. Y es aquí donde se revela el dilema: si la ley no evoluciona con la sociedad, la igualdad corre el riesgo de convertirse en una fórmula vacía; pero si la sociedad se impone sin ley, la justicia se vuelve arbitrio.
