La decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez de renunciar a la prescripción en el proceso judicial que enfrenta por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo cual ya fue condenado en primera instancia por la jueza 44 Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, marca un punto de quiebre en el desarrollo del caso. Es un movimiento que trasciende lo jurídico y se proyecta en lo político y en lo simbólico.
Desde el plano estrictamente jurídico, Uribe Vélez renuncia a un derecho que le habría permitido extinguir la acción penal por el simple paso del tiempo. Con ello asegura que el proceso no terminará en silencio y sin pronunciamiento de fondo, sino que culminará con un fallo claro: absolutorio o condenatorio. En otras palabras, evita que la historia lo juzgue como alguien que se “salvó por tecnicismos” y deja en manos de los jueces la responsabilidad de declarar su inocencia o su culpabilidad.
En el plano político, el movimiento tiene múltiples lecturas.
Para sus seguidores, es una muestra de carácter y gallardía: un líder que prefiere enfrentarse a la justicia de frente, antes que buscar salidas procesales. Para el Centro Democrático y sectores afines, la renuncia fortalece la narrativa de un Uribe perseguido políticamente, pero que no teme demostrar su inocencia en un juicio pleno. “El presidente Uribe demuestra que confía en la justicia y que no le debe nada al País”, repiten algunos de sus alfiles.
Sin embargo, desde la otra orilla, la crítica es igual de contundente: para sectores opositores, el gesto no es más que un cálculo político para ganar legitimidad en medio de un proceso que lo tiene cada vez más cercado. Según el senador Iván Cepeda, Uribe busca blindarse de la acusación de que “se escabulló”, apostando a la victimización como estrategia discursiva. En palabras del abogado Miguel Ángel del Río, “no es valentía, es teatro: sabe que, condenado o absuelto, la narrativa de persecución le servirá para aglutinar a la derecha en 2026”.
La renuncia a la prescripción, entonces, no es un simple acto procesal: es un mensaje a sus jueces, a sus seguidores, a sus críticos y, en últimas, a la historia. Porque si algo caracteriza a Álvaro Uribe Vélez es que cada paso en su vida política y judicial está calculado para impactar no sólo en los estrados, sino también en la opinión pública.
Lo que sigue es un desenlace inevitable: un fallo de fondo que, cualquiera sea, marcará la política colombiana en los próximos años. Si es condenado, la derecha se cohesionará en torno al relato de la injusticia. Si es absuelto, reclamará la reivindicación del líder más influyente de las últimas dos décadas.
