Wilson Gómez Arango, médico, pediatra, diputado, columnista.

Por: Wilson Gómez Arango

Para entenderlo, necesitamos ser honestos, sin rodeos y sin esconder y mucho menos olvidar lo que pasa durante unas semanas, hasta que nos vuelve a aterrizar la noticia de una nueva tragedia.

La comercialización de la infancia ha llegado a su límite, especialmente en la relación madre-hijo, que debería ser sagrada. En nuestra primera historia, la señal de alerta no vino de una queja en la consulta médica, como muchas de las que les he compartido, sino de los algoritmos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), que detectaron la transmisión de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) desde un pueblo en Antioquia. La investigación, hecha por la Policía Nacional junto con INTERPOL, los condujo a una casa de familia, aparentemente normal. Allí, al interior del hogar, si es que puede llamarse hogar, una mamá le tomaba fotos y grababa a su propia bebé de pocos meses. Ella, sí; su propia madre era quien proveía el material a una red global de pornografía infantil. Cada foto tomada, recreando escenas macabras y de vejámenes se volvía una venta, cada archivo enviado a redes extranjeras, una transacción económica. Con esto, la maternidad distorsionada, dió paso a la figura de una proxeneta, de una criminal de la peor calaña y el cuerpo indefenso de Mariangel se convertía en la materia prima de un negocio muy lucrativo que cruza fronteras.

El siguiente caso no es un incidente aislado; es la muestra visible de una patología digital global, un negocio oscuro que, según estimaciones de organizaciones como ECPAT International, cobra miles de víctimas diarias en el mundo. La demanda no es solo virtual, forjándose en los rincones más oscuros de la web; tiene una dirección física, a menudo en casas y apartamentos alquilados por días o semanas, hoteles y fincas de recreo dentro y fuera de la ciudad.

Yessica; una adolescente de 14 años, de un barrio vulnerable, contactada por Whatsapp con un mensaje de “oferta laboral” con el siguiente texto: “Se requieren jovencitas para atender ejecutivos extranjeros, lindas, con buen cuerpo y buena actitud, complacientes, niñas de mente abierta y quieran ganar dinero haciendo algo que les guste…” La atrae de inmediato esta oferta engañosa de dinero fácil, una aparente salida temporal de su precaria situación económica. En la noche un vehículo de lujo la recoge en una estación del metro, al interior encuentra otras dos niñas de escasos 12 o 13 años y un adolescente, Marlon de 15 años que han sido contactados o más bien reclutados por los “combos” o bandas criminales del barrio. De la estación, son conducidos como mercancías valiosas a una supuesta «fiesta” que no es más que una rumba meticulosamente organizada y planeada para turistas extranjeros que han comprado un «paquete turístico» completo.

Tal como lo han documentado exhaustivas investigaciones de medios y autoridades locales, los «paquetes turísticos» aquí descritos representan una abominable amalgama de servicios. Estos incluyen alojamiento en hoteles y residencias exclusivas, el suministro ilimitado de drogas y alcohol, y, como servicio adicional pero fundamental para sus siniestros intereses, la disponibilidad de niñas, niños y adolescente instrumentalizados, explotados y en la mayoría de los casos obligados a complacer los más bajos y depravados instintos de nacionales y extranjeros.

Para estos individuos, el cuerpo de estos niños como el de Yessica y Marlon, no difiere de un tour a Guatapé o Santa Fe de Antioquia con sus maravillosos paisajes, o de la reserva en un restaurante de moda con su sofisticada oferta gastronómica, o un partido de fútbol o un concierto. En su lógica mercantilista y deshumanizada, es meramente una actividad más de consumo en su itinerario de viaje de placer y depravación; una transacción que no solo satisface sus bajos instintos, sino que promueve el estatus de la ciudad, no como un paraíso de la innovación, el desarrollo, la belleza de su gente y sus paisajes, la variada oferta gastronómica o la historia y su cultura, que es nuestra real característica y patrimonio, sino como un vergonzoso epicentro de impunidad donde la vida y la dignidad no se respetan y los menores son tratados como simples artículos par la venta. La facilidad con la que estas redes operan, la aparente complicidad de algunos sectores y la falta de una respuesta más contundente con operativos permanentes por parte de las autoridades, la legislación tan blanda y la ausencia de penas ejemplarizantes en contra de estos individuos, sólo perpetúan este ciclo de explotación.

Este cáncer ha hecho metástasis. La Mesa de Lucha contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) de Medellín y la Personería han advertido insistentemente sobre la migración y expansión del delito desde sus focos tradicionales como la comuna 14 y 10 hacia las otras comunas y municipios del departamento, debido a la persecución por parte de las autoridades distritales. No es casualidad. Las redes criminales, compuestas por colombianos y extranjeros, operan con una lógica de mercado, buscando nuevas «plazas» donde la vigilancia es menor y la vulnerabilidad, mayor. Los 128 menores que el ICBF reportó tener bajo su protección en Antioquia por este delito hace pocas semanas, son solo algunos de los casos que lograron romper el silencio; la cifra real es abrumadora e incalculable.

Durante 2025, la acción de las autoridades ha permitido desmantelar redes locales y transnacionales de explotacion y comercialización sexual infantil, especialmente aquellas que utilizan el entorno digital para la producción y distribución de pornografía infantil. La Policía Nacional y la Fiscalía intensificaron los operativos, logrando la captura de 6 personas acusadas por estos delitos en Medellín. Tambien se desmanteló una red transnacional en Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Medellín, que producía pornografía infantil con sus propios hijos, recibiendo más de 150 millones de pesos desde Europa y generando 8 alertas internacionales. También se capturaron a tres hombres en Medellín por producción y distribución de contenido de abuso sexual infantil, lo que eleva a 39 el total de capturas por delitos relacionados en lo que va corrido del año.

A pesar del gran esfuerzo por parte de las autoridades, la situación sigue siendo crítica y exige una vigilancia constante de la sociedad y una acción contundente y coordinada del Estado.

Y mientras este mercado se expande, la respuesta institucional a nivel nacional muestra una parálisis y un desinterés total.. El año pasado el Proyecto de Ley 309 de 2024 (Cámara), que buscaba fortalecer las herramientas para perseguir la explotación en línea, y el Proyecto de Ley 061 de 2023 (Senado), que apuntaba a endurecer las penas, murieron sin el debate necesario. Fueron archivados. En la práctica, esto es una falla en la priorización. Una declaración evidente de que, para el poder legislativo, proteger a la niñez de esta desgracia no es lo suficientemente importante ni mucho menos urgente.

Un diagnóstico tan severo exige un tratamiento radical y coordinado, basado en los modelos más exitosos del mundo.

  1. El Estado: La principal propuesta debe ser la adopción del modelo nórdico «Barnahus» (Casa de los Niños). Hoy, una víctima debe narrar su historia de abuso al policía, luego al trabajador del ICBF, luego al médico, al psicólogo y al fiscal, una tortura revictimizante. El Barnahus integra todos estos servicios bajo un mismo techo, en un ambiente diseñado para el niño. La entrevista forense se realiza una sola vez, por un experto, y se graba para ser usada en todo el proceso judicial. Es pasar de un sistema centrado en la burocracia a uno centrado en la sanación de la víctima y la no revictimización
  2. Cooperación Internacional y Justicia: La lucha debe ser transnacional. Se requiere una sinergia total entre Migración Colombia, usando bases de datos de INTERPOL para detectar a agresores sexuales conocidos en los aeropuertos; la Policía de Turismo y las agencias como la HSI de Estados Unidos, compartiendo inteligencia en tiempo real para desmantelar las redes de «turistas» que viajan en grupo. Y a nivel judicial, las penas para estos delitos deben ser inconmutables, sin beneficios, reflejando la gravedad del daño irreparable.
  3. Sector Privado y Turismo: Los hoteles y las plataformas de alquiler no son actores pasivos; son el escenario del crimen. Deben ser obligados por regulación a implementar el código de conducta internacional «The Code» promovido por UNICEF y la Organización Mundial del Turismo (OMT), capacitando a su personal para detectar y denunciar. Una empresa que se beneficia de la imagen de la ciudad tiene la obligación moral y legal de no ser cómplice de su sombra.
  4. Universidades y Academia: Las facultades de derecho, medicina, psicología y ciencias sociales, entre otras, deben formar profesionales que no solo conozcan el protocolo, sino que entiendan la profunda herida psíquica de la víctima. La investigación debe enfocarse en adaptar y validar modelos de prevención como el «Stewards of Children®️» para el contexto colombiano, empoderando a padres, cuidadores y maestros con herramientas prácticas sobre como prevenir, reconocer y reaccionar responsablemente ante el abuso sexual infanti .
  5. Familia y Escuela: La prevención más poderosa es la que se gesta en la confianza. Debemos enseñar a los niños, con herramientas como la “ Underwear Rule” en español «Regla de la Ropa Interior» del Reino Unido, es una herramienta educativa simple diseñada para enseñar a los niños sobre los límites corporales y privacidad, ayudándoles a prevenir el abuso sexual infantil, esta regla se basa en la idea de que las partes del cuerpo cubiertas por la ropa interior son privadas y deben ser respetadas. además hay que hacerles entender que su cuerpo es suyo, que existen secretos que no deben guardarse y que siempre habrá un adulto en su «círculo de confianza» dispuesto a creerles.

Medellín no puede seguir vendiendo una imagen de resiliencia, desarrollo y transformación al mundo mientras su sombra devora a sus propios hijos. El silencio, la indiferencia y la indignación pasajera son el oxígeno que mantiene vivo a este mercado. La elección que enfrentamos como sociedad es entre ser un cómplice pasivo de esta industria o un miembro activo de su desmantelamiento. No existe un punto medio. Insisto, “Pasar de la reflexión a la acción”