47 homicidios de personas que venían reclamando las tierras de que habían sido despojadas, siete de ellos en Urabá, son la muestra de la dificultad para llevar a buen término el proyecto de restitución de las 5.500.000 hectáreas que hay en Colombia, entre abandonadas y despojadas por actores armados. Gerardo Vega, ex coordinador en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y actual representante de las víctimas por parte de la Fundación “Forjando Futuro”, dijo en SINERGIA INFORMATIVA que confía en que los proyectos de ley de Tierras y de Víctimas permitan, finalmente, hacer justicia.
Dijo que una fórmula es la inversión de la carga de la prueba, mediante la cual serán los actuales supuestos dueños de las tierras en litigio, quienes tendrán que demostrar la legalidad de su posesión. La otra es la definición de zonas especiales de despojo, lo cual le permitirá al Estado presumir que quienes allí perdieron sus tierras, no lo hicieron bajo su voluntad.
