Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Otro año que culmina y el balance de la reparación debida a las víctimas del conflicto armado no puede ser más deprimente, así abunden las actividades que al respecto organizan tanto el Gobierno Nacional como la Comisión Nacional de Reparación.
Empecemos por advertir que no puede establecerse la Verdad plena -requisito ineludible de la reparación- porque el proceso para conocerla fue truncado por la administración Uribe. La misma que, gústele o no, tendrá que repatriar –en algún momento- a los jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos, para poder superar este obstáculo. Ellos tendrán que venir a rendir cuentas de su accionar y responsabilidades durante la época en que dieron forma a esta desgracia humanitaria. No se trata de un imposible: el propio juez español Baltasar Garzón lo ha planteado como alternativa y hasta Salvatore Mancuso señala que se trata de una decisión que permitiría esclarecer lo sucedido, con miras a allanar los caminos hacia la reconciliación del país.
Pero el Gobierno es el menos interesado en el tema: se sabe que gran parte de sus amigos se verían afectados por las revelaciones que podrían hacer los paramilitares y que grandes empresarios, ganaderos y terratenientes cercanos al Presidente resultarían envueltos en líos judiciales.
Confiamos en que el gobierno americano, más temprano que tarde, entienda que si quiere coadyuvar en la resolución del conflicto colombiano, debe empezar por modificar el tratado de extradición de tal manera que los delincuentes se sometan primero a la justicia colombiana, antes de dar aplicación a dicho mecanismo. Así como el presidente Obama nombró una comisión para que revise la política antidrogas -que ha sido todo un fracaso- debería también proponer que se estudie y modifique el tratado de extradición con Colombia. Así, impediría que nuestro Gobierno convierta esta herramienta en una forma de ocultar o tergiversar los hechos que han bañado de sangre al país.
Por culpa de la extradición, nuestra Justicia se siente maniatada para esclarecer los hechos protagonizados por los paramilitares y Narcotrficantes. Es hora de que nuestros tribunales y los jueces de la república se pronuncien con firmeza acerca de esta realidad que enluta al país y perjudica notoriamente a las víctimas del conflicto y por ende la verdad que todos requerimos.
El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro Leongómez no puede, en aras de conquistar una cuota burocrática en la Cancillería colombiana, tergiversar los objetivos para los cuales fue creada. Porque hasta ahora sus logros se han encaminado a ayudar al Gobierno Nacional a salir del atolladero en que se hunde y a tergiversar la esencia de la Verdad, e impedir la aplicación de justicia. Creo que llegó la hora de que los integrantes de la Comisión que han estado allí de buena fe, ayudando a esclarecer lo sucedido, renuncien porque se trata de un ente burocrático y anquilosado que solo sirve para alimentar de información unos computadores, alejada de sus objetivos iníciales.
Presiento que la reparación por vía administrativa, poco a poco, se puede convertir en un mecanismo de impunidad debido a que en aras a demostrar que se están reparando a las victimas, se pretende esconder la verdad de lo sucedido en medio del conflicto y de esta forma esconder toda la verdad y por ende la aplicación plena de la justicia
