A sanción presidencial se encuentra un proyecto de ley que tramitó el Congreso de la República con el cual se pretende, supuestamente, fortalecer el control fiscal, cuando en realidad se trata de entregar más dinero a las contralorías, desde la General de la República, hasta las regionales y municipales, para que dilapiden dineros oficiales en más burocracia ineficiente que generalmente no cumple su labor fiscal. Más burocracia para entes absolutamente incompetentes y que han sido desbordados por la corrupción, la cual supuestamente combaten.
El proyecto fue presentado a la consideración del H. Congreso por el senador conservador Hernán Andrade Serrano. No trae el proyecto nada distinto a más recursos, que es lo que pomposamente llaman los contralores “un proyecto que pretende aumentar la independencia económica frente a los entes territoriales que vigilan”. El presidente Álvaro Uribe Vélez había presentado en su primer referendo la iniciativa para terminar con la mayoría de las contralorías. En mala hora algunos liberales nos opusimos a esa propuesta y hoy tenemos que reconocer que los argumentos del Primer Mandatario eran absolutamente válidos.
Mientras por un lado el Congreso (¿hasta cuándo?) pretende entregarles a las contralorías más dinero para burocracia ineficiente, la corrupción en Colombia está desbordada y el mismo Gobierno reconoce que de los meros “procesos de contratación van a parar a los bolsillos de los corruptos cerca de 3,9 billones de pesos cada año”. Cuentan el Ministerio Público y el Zar Anticorrupción que ese dinero “alcanzaría para pagarles 10 semestres de carrera universitaria a 80 mil jóvenes, o para entregarles subsidios de vivienda a 347 mil familias de escasos recursos o para cubrir la educación de 325 mil niños”. La cifra de los 3,9 billones de pesos no sale de ningún cubilete mágico, es la confesión que hicieron en una encuesta a la Universidad Externado y a Transparencia por Colombia cerca de 560 empresarios que contratan con el Estado. Es preocupante y triste que a los organismos de control se les dificulte encontrar una cantidad tan exagerada de dinero, que seguramente es muy difícil ocultar por los corruptos. Evidentemente que la dificultad del ocultamiento del dinero de la corrupción la facilita la ceguera complaciente de los organismos de control. Los organismos de control deberían recibir dinero del Estado en la medida que muestren eficiencia en combatir el delito y en sancionar a los delincuentes que saquean el erario.
De esta crítica no se escapa ni la Contraloría General de la República. El doctor Turbay Quintero semanalmente hace dos o tres anuncios importantes de circunstancias que lo tienen preocupado y anticipa con bombo y platillos sonoras investigaciones que terminan en nada. Dispara cañones y estallan fósforos. Para muestra dos botones: La mitad de la empresa Orbitel que era de los dos conglomerados económicos más poderosos de Colombia se la vendieron a un precio exorbitante a Empresas Públicas de Medellín y el Contralor ya bendijo semejante adefesio. El otro es la adquisición de las acciones propiedad de privados de la hidroeléctrica de Pescadero Ituango por parte del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, de cuya negociación denunciamos algunos antioqueños, aberrantes circunstancias. Aquí también la Contraloría fue como en la canción de Shakira, ciega, sorda y muda. Invito al Contralor a que nos muestre a los colombianos los corruptos que tiene en la cárcel o sancionados. No me vaya a salir con el cuento de que tiene sancionado a alcaldes y tesoreros porque no rindieron un informe a tiempo o porque no le enviaron un documento en la fecha señalada, porque a eso están dedicadas las contralorías. Los escándalos de corrupción de hoy, serán las absoluciones de mañana. Estoy seguro.
