Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Voces muy autorizadas en el país, empezando por la del Procurador General, están alertando sobre las serias amenazas que se ciernen sobre el debate electoral que busca renovar el Congreso de la República. Si a éstas no se les presta atención, saldrá lesionada la credibilidad del proceso y su transparencia.
Además del hecho pernicioso de que algunos partidos admitan a familiares de personas involucradas con la parapoltica, las alianzas espurias con grupos ilegales comienzan a tomar cuerpo en algunas regiones y los dineros del narcotráfico ya irrigan el trámite electoral.
Por ejemplo, en el Bajo Cauca y Urabá antioqueños la ciudadanía percibe los movimientos de ciertos candidatos provenientes de la Costa Atlántica, que se jactan de su oscuro accionar. Al respecto, un líder comunitario de Caucasia nos contó lo siguiente: “Le pedimos a un candidato de la costa al Senado, que nos enviara cuatro millones de pesos para las fiestas de fin de año y nos mandó ocho millones; cuando él viene a la región está acompañado de algunos miembros de bandas emergentes y se moviliza en carros blindados que todo el mundo sabe a quién pertenecen”.
Y qué decir de las Farc, ya empezaron campaña en muchas regiones y abiertamente vienen señalando por cuales candidatos votar y a quienes no se le va a permitir hacerla en territorios de su dominio. El Polo Democrático, como lo viene señalando Gustavo Petro, y el Partido Liberal, como lo ha señalado Rafael Pardo, no pueden tolerar ninguna actitud complaciente con ese proceder del Terrorismo.
Dificultades potenciadas cuando -como denunciamos en comentario anterior- muchos gobernadores y alcaldes de ciudades capitales o intermedias adjudican abundantes contratos justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Además, presionan cambios en los gabinetes municipales, todo para asegurar el apoyo a determinados candidatos al Congreso.
Algunos de los postulados disponen de unos presupuestos desorbitados y sus gastos ya sobrepasan los topes legales, cuando apenas comienza la campaña. Además, se aprovechan de la pobreza extrema de muchos colombianos para amarrar sus votos. A ello se suma el inexplicable proceder del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, al no aprobar la ley que reglamentaba la reforma política. Así, queda en entredicho la financiación estatal y la transparencia que debería guiar el presente debate. En síntesis, el narcotráfico y los grupos ilegales cuentan con todas las condiciones para hacerse con las mayorías en el próximo Congreso, con los riesgos que ello implica.
Creemos que los candidatos de los partidos Conservador en Antioquia, de la U y el PIN (Convergencia Ciudadana) -muchos de impecable trayectoria- deben fijarse en las actuaciones de sus pares costeños, porque pueden afectar sus postulaciones. Además, los candidatos del uribismo no deberían permitir que sus homólogos en regiones diferentes a Antioquia acudan a estas prácticas para acaparar los votos que tal vez les corresponderían a ellos como antioqueños.
Nótese bien que los adalides de estas reeditadas prácticas de parapoltica y narcotráfico son ardientes impulsores de la reelección presidencial, lo que obliga al Gobierno a otorgar mayores garantías, a denunciar a estos contaminados seguidores y a expulsarlos de las listas de candidatos.
El panorama esbozado debería convocar a todas las instancias internacionales a iniciar una verificación que lleve a los partidos a depurarse.
A su vez, la ciudadanía debe movilizarse y generar las condiciones para concretar el “voto castigo” para los personeros de prácticas antidemocráticas. Incluso el Polo Democrático y el Partido Liberal deberían convocar a una gran marcha o paro ciudadano en defensa de la transparencia del juego electoral, hasta el punto de exigir garantías reales e incluso, en cierto momento, se debió contemplar la posibilidad de un retiro masivo de sus candidatos si ellas no se daban. En todo caso, no puede seguir pasando con nuestra democracia lo que prospera en otras orbitas de la política, en medio de la indiferencia ciudadana. Estamos en una real hecatombe democrática, con todas sus consecuencias políticas y sociales, mientras el Gobierno Nacional parece decidido a mantener el statu quo.
Los colombianos tenemos que conseguir en los comicios del 14 de marzo de 2010 el más audaz cambio de las costumbres políticas, empezando por ignorar a los personajes que le incumplieron y que deshonran al Congreso y al país.
