Rodolfo Correa

 El pasado 20 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia dentro del proceso de Orbitel, en  la que se interrogó al ex acalde Fajardo.  Diligencia que estuvo muy movida desde su inicio,  pues luego de que hubiera rendido su versión el anterior burgomaestre en la que señaló que durante su administración se había tenido especial cuidado en el manejo de las Empresas Públicas de Medellín, tanto en la selección de la junta directiva como en las distintas negociaciones, le correspondió al suscrito el turno para interrogar, quien como primer cuestionamiento elevó el siguiente: Dr. Fajardo, dice usted que tuvo especial cuidado en el manejo de los asuntos de Epm, ¿podría explicarle al Despacho si el especial cuidado que tuvo para realizar la negociación de Orbitel fue el mismo especial cuidado que tuvo para seleccionar la junta directiva en la que, finalmente, resultó infiltrado un guerrillero?  

 

La situación en la audiencia en ese momento fue de absoluta crispación, de tal manera que tuvo que intervenir la Juez para ordenar el retiro de la pregunta y lograr la continuidad de la diligencia. Finalmente, no se permitió que fuera absuelto el interrogante formulado al ilustre testigo.

 

Otra confidencia de esta actuación judicial, fue el malestar que generó en la parte demandante un apartado de la explicación del ex alcalde quien, refiriéndose a las posiciones asumidas al interior de los trabajadores de las Epm frente a la negociación de Orbitel, dijo que allí existían dos sindicatos, uno de los profesionales y otro “del resto”…

 

Ahora bien, consideramos muy importante para el desarrollo de la acción y el final esclarecimiento de los hechos, las respuestas del ex alcalde Sergio Fajardo, en las que reconoció frente a la administración de justicia, que no se interesó por conocer y tener en cuenta las anteriores valoraciones que se había efectuado de la compañía Orbitel en la que, los propios técnicos de las Epm, habían conceptuado que el valor era inferior, por varias decenas de millones de dólares,  al que se pagó en junio de 2006.

 

Finalmente, otro de los hechos más relevantes fue el haberse admitido por el entonces presidente de la junta directiva de Epm, que no conoció con profundidad y especificidad algún  estudio de mercado que sustentara la proyección de las ventas, pues sólo se limitó a dar por ciertas las cifras que se le presentaron en el informe final.

 

Ahora el fallo está cerca.  Esperemos que en todo caso salga ganando la ciudad y se garantice la integridad del patrimonio público. Amanecerá y veremos…