Nicolás Albeiro Echeverry

Por: Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán

Con el Acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas (léase que las hostilidades son de las FARC y que el Gobierno continuará con el uso constitucional de las armas para garantizar la soberanía nacional y la vida, honra y bienes de los colombianos), y la consecuente decisión de reunir a los cerca de 7.500 hombres y mujeres de las FARC en 23 zonas veredales transitorias de normalización y ocho campamentos, estamos firmando una página indeleble en la historia de la violencia de Colombia. Por eso, desde mi curul y en mi departamento, que es uno de los que saldrá más beneficiado con el acuerdo final de la paz, continuaré escudando el Proceso y trabajando por su implementación en los diferentes escenarios planteados por el Gobierno Nacional para materializar la paz con los programas y proyectos que demande el posconflicto, por supuesto, con el acertado acompañamiento de la Comunidad Internacional.

Soy consciente de que en el Congreso de la República debemos asumir mayor liderazgo en este momento histórico que vive Colombia. El que se avecina es un escenario de grandes oportunidades para aprovechar el posconflicto y adelantar las reformas necesarias a la salud, la justicia, a la tributación, al sistema electoral y la política. Pero, además, es necesario materializar una autonomía territorial más eficiente y responsable en búsqueda de una gobernanza con todos los actores, para derrotar la pobreza y la iniquidad, de tal manera que vamos alejando cada vez más el fantasma de la injusticia social que dio origen a uno de los grupos guerrilleros más antiguos y beligerantes del planeta.

La creación de las zonas veredales transitorias de normalización debe tener en cuenta la presencia de los pueblos milenarios indígenas, de tal manera que en el proceso de desescalamiento del conflicto armado, la paz impere con certeza en sus territorios de vida y que la desmovilización no afecte su gobierno propio, su jurisdicción especial, su  autonomía y su unidad. Este compromiso estará vigente permanentemente en nuestra agenda.

En el tema ambiental, seguimos adelante con la propuesta de Banco2 como instrumento para la solución de conflictos socio-ambientales. Elevar a rango legal el Programa BanCO2 Servicios Ambientales Comunitarios, contribuirá a los compromisos adquiridos por el País frente al cambio climático y como alternativa para el posconflicto.

Los beneficiarios de las compensaciones de Banco2 deberán poseer bosques naturales localizados en predios ubicados dentro del Sistema de Áreas Protegidas y Reserva Forestal, siempre y cuando hayan sido titulados antes de la declaratoria del área; bosques naturales localizados en las cuencas hidrográficas que surten acueductos poblacionales; bosques naturales en áreas de reservas municipales, regionales o de la sociedad civil; bosques remanentes de gran valor biológico o ecosistémico; ser propietario o poseedor regular del predio objeto de pago; habitar en el predio o muy cerca de él, para garantizar el cuidado de las áreas compensadas; y ser de escasos recursos económicos y derivar su sustento de actividades agropecuarias o del uso del ecosistema estratégico.

En la defensa del buen trato a los animales, seguiré impulsando iniciativas como la que prohíbe que en los espectáculos de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estas actividades que se realicen en el territorio Nacional. Definitivamente, seguiré oponiéndome a la utilización de elementos que laceren, mutilen, hieran, quemen o den muerte al animal.

Para adelante, igualmente, con la exigencia de requisitos ambientales que deben cumplir los proyectos de vías terrestres nuevas y los ajustes que se deben aplicar a las carreteras existentes. Todo proyecto terrestre de longitud mayor a los tres kilómetros que en su recorrido fragmente ecosistemas, está en la obligación de incluir la localización y diseño de corredores ecológicos o fajas boscosas que conecten partes fragmentadas y permita el flujo de especies, asegurando la continuidad del ecosistema. Esto se logrará mediante la construcción de túneles, viaductos y deprimidos o soterrados.

La disminución de la biodiversidad es una de las amenazas para la especie humana. Colombia suscribió en 1992 un convenio sobre la Biodiversidad Biológica en Rio de Janeiro, y mediante Ley 165 de 1994 se comprometió a promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y al mantenimiento de poblaciones viables en entornos naturales.

Ello implica, además, la protección de los nacimientos de agua significativos y de los cauces de ríos y quebradas, de tal manera que no se intervengan, y si se intervienen, sea de forma justificada. Es urgente asegurar que los Estudios de Impacto Ambiental de vías, tengan rigurosidad en relación con la biodiversidad.

Seguimos convencidos de la importancia de establecer las condiciones de disposición final segura de los aceites lubricantes usados, de los aceites industriales usados y de los aceites de fritura usados en el territorio nacional, y prohibir la combustión de los mismos o su reutilización parcial o total sin tratamiento de trasformación.

El objetivo es prevenir el grave efecto contaminante que genera la inadecuada disposición de los aceites usados por falta de regulación. En consecuencia, no podemos cejar en el propósito de crear un marco regulatorio que permita ejercer control permanente a los actores de la cadena de producción, importación, comercialización y uso de aceites lubricantes terminados. Además, estimular la adopción de buenas prácticas en la disposición final de aceites usados en Colombia, aprovechando las nuevas tecnologías para una disposición ambientalmente segura. Recordemos que para los aceites vegetales usados no existe ninguna regulación para su disposición final.

Insistir en la creación de Mesas Ambientales en el Territorio Nacional como  espacios de Participación Intersectorial, interinstitucional, interdisciplinario, al igual que la  Red de Mesas Ambientales como organismo de segundo y tercer orden en la  República de Colombia.

Y entre otras tareas importantes, seguiré muy de cerca la vigilancia de los recursos del Sistema General de Regalías que les llegan a los departamentos y municipios de Colombia, para que se inviertan de manera prioritaria en los diferentes proyectos de iniciativa Regional con participación de los Ocads. Debo decir que en este aspecto he denunciado la falta de ejecución.

Estos recursos tienen que ser bien invertidos en bienestar de los antioqueños de manera correcta y ágil, para garantizar la ejecución eficiente de los proyectos. Indudablemente, las obras que se realizan con estos recursos son de un alto contenido social, fundamentales para el desarrollo y progreso de nuestros municipios.

Seguiré adelante con la defensa de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en el marco de la política energética nacional y en cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Tenemos que seguir promocionando el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente las de carácter renovable, y para ello, entre otras, estaremos vigilantes de las decisiones que adopte la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, en veces arbitrarias y contrarias a la Ley de Energía Alternativa. Deben ser viables los beneficios tributarios para los empresarios interesados en invertir en pequeños proyectos hidroeléctricos.

Respecto de la televisión pública, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad en su financiación. No puede olvidar que es su deber constitucional garantizar la permanencia y calidad de este servicio público al que tienen derecho todos los colombianos. Por eso mi apoyo y me decisión de apoyar su defensa, protección y promoción.

No será menos importante cumplir con la función de control político cuando haya lugar a ello, a sabiendas de que con ella debemos garantizar el equilibrio de poderes, especialmente cuando algunos funcionarios del Alto Gobierno desentiendan la importancia de actuar conforme con el principio constitucional de garantizar el bienestar general de los colombianos.

En Antioquia se ha tomado una decisión histórica: después de 52 años, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez desenterró el proyecto por muchos soñado de revivir el Ferrocarril de Antioquia. Apoyo y desde el Congreso respaldo la creación de la Sociedad que inicialmente pondrá en marcha este proyecto férreo entre los municipios de Caldas y Barbosa.

Lo que nos resta de nuestro paso por el Congreso en este período, debe ser asumido con el compromiso y la responsabilidad que nos demandan los colombianos, convencidos de que nuestra labor legislativa debe obedecer al mandato constitucional de garantizar bienestar general, calidad de vida y dignidad a todos nuestros compatriotas.

El escenario que la firma del acuerdo final de paz y el posconflicto nos devela, es la gran oportunidad para responder con grandeza a las expectativas de los colombianos en esta nueva etapa de nuestra historia.