Roberto Cardona

Agencia Virtual de Prensa –AVP-. El problema de transporte informal e ilegal por el que atraviesa la ciudad de Medellín genera no sólo problemas de movilidad sino de seguridad y empleo. Las autoridades han detectado en la Ciudad más de 70 sitios donde opera este tipo de transporte, el cual moviliza a cerca de 100 mil personas en Medellín y más de 250 mil en el área metropolitana, según cifras entregadas al Concejo Municipal por la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá –Asotranvaa-.

Esta realidad que tiene en jaque a los transportadores formales y a la misma ciudadanía será tratado este miércoles, 8 de julio, en el Concejo de Medellín, donde corporados como Roberto Cardona, vicepresidente Segundo de la Corporación, evidenciará el problema de orden público en que se convirtió esta situación y planteará posibles soluciones.

“La falta de rutas, el difícil acceso a ciertos lugares de la Ciudad y un tiquete más barato hacen que algunas personas prefieran el transporte informal sobre el formal», señala Roberto Cardona, quien dice que un pasaje en un vehículo legal cuesta 1.800 pesos mientras que en uno informal vale 1.400, lo que representa un ahorro por persona en un viaje de ida y vuelta  de 800 pesos.

El transporte ilegal ha tomado fuerza en Medellín desde que se adoptó la decisión de sacar de circulación cientos de buses para fortalecer el sistema integrado de transporte. Es así como se rumora que en la Ciudad hay cerca de 2.700 vehículos informales dedicados a cubrir las rutas que quedaron desatendidas por la puesta en marcha de los buses alimentadores del Metro y el Metroplús.

“No solamente los pasajeros se vieron perjudicados por no contar con más buses para sus desplazamientos sino que muchos conductores y auxiliares quedaron desempleados y sin oportunidades de trabajo por no tener conocimiento de otro oficio, por lo que se dedicaron al transporte informal con el que realizan cerca de 30 viajes diarios con una ganancia por jornada de 150.000 pesos”, explica Roberto Cardona.

Las ganancias aumentan para los transportadores ilegales porque no pagan seguros, pólizas, impuestos, ni administración, lo que hace que el servicio sea más económico para el usuario, pero a su vez más riesgoso porque en caso de un accidente no hay quien cubra los gastos ni responda por los daños.

“Muchos agentes de tránsito son víctimas de amenazas y agresiones por parte de algunos grupos de informales dedicados a esta actividad. Sin embargo, la mayoría de los transportadores no son violentos, ni delincuentes, sólo son personas que trabajan por necesidad y prestan un servicio muy importante en muchos rincones de Medellín, a donde no llegan los buses ni colectivos formales”, dice el Vicepresidente del Concejo.

Según las empresas transportadoras afectadas por los vehículos informales, sus pérdidas diarias superan los 300 millones de pesos, por lo que han anunciado que si las autoridades no solucionan el problema deberán subir irremediablemente las tarifas.

El Vicepresidente del Concejo de Medellín, Roberto Cardona Álvarez, espera que la Administración Municipal refuerce los controles al transporte ilegal, que el Congreso imponga sanciones más fuertes, que el Gobierno Nacional cumpla con la chatarrización, pero también le exige a la Alcaldía más oportunidades de empleo, más rutas de buses que cubran legalmente las periferias y más creatividad para proponer soluciones inmediatas y concretas.