Por: Mábel López Segura

La televisión pública ha sido protagonista de las transformaciones del sector en Colombia y, en particular, la televisión regional ha sido fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la convivencia pacífica, en el crecimiento económico y en el desarrollo humano y social de los habitantes de la región de su influencia. Indudablemente, ha sido la piedra angular de la identidad cultural, manteniendo vivos los valores y costumbres, sin perder de vista el cumplimiento de su función de entretener sanamente, informar pensando en los intereses generales, y educar convencida de la necesidad de hacerlo permanentemente, porque es su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y sus familias.

La subsistencia económica de la televisión pública regional está basada en las trasferencias del sector privado al sector público, recaudadas y distribuidas por la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV-, y en la generación de recursos propios por la venta de servicios. Hasta el momento, este modelo de financiación les ha permitido subsistir y cumplir con el objetivo de brindar a los televidentes contenidos educativos y culturales, especialmente, pero tiende a ser un modelo insuficiente.

Por eso, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la industria audiovisual, a la que no puede ser ajena la televisión pública regional, es la incorporación a procesos productivos de nuevas tecnologías que permitan desarrollar productos más competitivos, capaces de situarse estratégicamente en un mercado cada vez más globalizado y competido. Porque es una verdad indiscutible que los reducidos presupuestos de la televisión pública regional la están poniendo en una difícil situación como competidora fuerte y con probabilidades de éxito.

En consecuencia, es necesario el apoyo del Estado para producir programación que sea aceptada por las competidas audiencias, de tal manera que pueda acceder a la oferta publicitaria, que le permita desarrollar el círculo virtuoso de garantizar una programación de calidad que envuelva los principios, valores y fines de la televisión pública. Pero es un suicidio creer que sólo la publicidad permitirá su sostenibilidad. ¡Qué importante sería, entonces, contar con la consciencia que al respecto debe tener el Congreso para que legisle pensando en el fortalecimiento de la televisión pública y regional!

Pero, además del Congreso y el Gobierno Nacional, es fundamental el compromiso de las Autoridades Regionales y Locales, de los empresarios y los grupos de ciudadanos, en general, para que exista un bloque fuerte que defienda la subsistencia y desarrollo de la televisión pública y regional.

No obstante la solicitud al compromiso de todos, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad en la financiación de la televisión pública. No puede olvidar que es su deber constitucional garantizar la permanencia y calidad de la comunicación audiovisual como otro servicio público al que tienen  derecho todos los colombianos: derecho a informar y ser informado, a la educación, la cultura, a la preservación de la identidad, la convivencia, la integración social, la igualdad, el pluralismo, los valores democráticos y la protección a las poblaciones más necesitadas y vulnerables.

El Estado, garante y responsable del servicio público de la televisión, debe tener en claro que, aunque la televisión pública regional debe ser creativa y recursiva en su proceso de sostenibilidad, lo comercial no debe absorber su misión de brindar bienestar general. Mejor dicho, no debe perder de vista su propósito de generar rentabilidad social.

Para que la televisión regional pueda ejercer una función que garantice la defensa del pluralismo y la democracia, el crecimiento económico de las regiones y el desarrollo humano y social, es necesaria una normatividad que defienda las políticas culturales y los intereses de la televisión pública en Colombia.

Aprovecho esta oportunidad para insistir en la urgencia de que el Estado, con la convicción de los congresistas de la República, no debe perder de vista su responsabilidad social con la financiación de la televisión pública. Ojalá ustedes se convenzan de lo importante de revisar la normatividad existente, con mayores aportes estatales, permitiendo que las entidades del Estado tengan como primera opción la televisión pública en la contratación de servicios y, entre otros, estímulos tributarios para quienes apoyen o financien proyectos de la televisión pública.

No pierdan de vista, señoras y señores, que la televisión pública de cada una de sus regiones tiene que cumplir con el propósito de desarrollar una programación con contenidos audiovisuales de calidad, que garanticen la defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales y colectivos en aras de hacer realidad el principio constitucional de la dignidad humana, con información veraz y pluralista que fortalezca nuestra democracia.

Como decimos en Antioquia, las comparaciones son odiosas, pero esos fines son intrínsecos y obligatorios para la televisión pública. La televisión privada tiene como prioridad la rentabilidad económica. La nuestra es la rentabilidad social.