“Un lobo cuidando ovejas, un pederasta educando niños o un tramposo inmoral impartiendo justicia”, son las figuras a que se recurre para explicar la desconfianza que produce que un aspirante a ser juez o magistrado, logre serlo no por méritos intelectuales y profesionales, sino por capacidad económica para comprar las respuestas al examen que el Estado les hará este domingo, 7 de diciembre, a miles de candidatos en todo el País.
La preocupación se desprende de la denuncia del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros, quien le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar el presunto robo de exámenes para jueces y magistrados, los cuales se han venido ofreciendo a quienes aspiran a cubrir las vacantes.
A muchos les parece un riesgo que se realice la prueba, aunque el magistrado Claros haya indicado que están dadas las condiciones para hacerla y detectar posibles irregularidades. Mientras la investigación prospera y se logre determinar la certeza o falsedad de la denuncia, es posible que haya quienes puedan llegar el domingo al examen con las respuestas y terminar con los mejores porcentajes, y no fruto del estudio y la idoneidad, sino de haber pagado varios millones de pesos por dichas respuestas. Además, doctos aspirantes que alcancen buenos resultados van a ser prejuzgados ante la duda.
El Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación deben poner en marcha sus equipos de investigación que permitan esclarecer las dudas que han generado las denuncias, y de ser ciertas, deben aplicar las sanciones penales y disciplinarias a que haya lugar.
Definitivamente es bien grave que personas tramposas, inescrupulosas y fraudulentas sean potenciales adalides de la verdad y la justicia, como jueces y magistrados de la República. Ya harto deteriorada está la imagen de la Administración de Justicia del País, para permitir que se le agregue este nuevo elemento.
