Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Pobre administración de justicia, cada vez más la ponen en aprietos, a los ya conocidos problemas que la aquejan: algunos magistrados de varias cortes politiqueros, clientelistas y corruptos; otros que por presidir alguna se abroga posiciones y posturas eminentemente personales queriendo comprometer la corporación y por fortuna desautorizado por sus pares; reticencias cuando, de verdad y en serio, se crea un tribunal para juzgarlos porque gozan de total impunidad; que hacen política y oposición con sus cargos; algunos jueces y fiscales corruptos; decisiones judiciales que no se avienen con estricto apego a le ley; procesos interminables, y en general, con muchos de los vicios de los políticos colombianos, se le suma otro (y quién sabe con el tiempo cuántos más): que Santos, como lo pudimos ver el jueves en los noticieros (yo en CM&), para combatir los altos y al parecer imparables índices de hurto de celulares (y algunos alcaldes de varias ciudades jactándose que la delincuencia ha rebajado), dijo (u ordeno?) que a los autores de este delito los van a investigar por concierto para delinquir y lavado de activos.
El artículo 228 de la Constitución dice: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes”. Esto que para unos es letra muerta y para otros cada vez se cumple menos (que será objeto de otra columna), se ve reflejado en la presión que sienten jueces y fiscales cuando hay medios de comunicación haciéndole seguimiento a un proceso, o hay implicadas ciertas personalidades de la política o la empresa privada, o hay exigencias o directivas presidenciales, casos en los cuales no tienen mucho margen de maniobra.
Claro que como ciudadano de bien estoy de acuerdo en que se adopten y se tomen todas las medidas tendientes a conjurar un mal que se ha vuelto tan cotidiano en nuestro medio, como lo es el hurto de celulares, pero de ahí a que por un micrófono y en una rueda de prensa, venga a decírsele a jueces y fiscales cómo deben hacer su trabajo, si es una intromisión indebida de una rama del poder público (ejecutiva) en los asuntos de otra (jurisdiccional), con lo que se mina la independencia de esta última y de paso comprometer el criterio jurídico y profesional de los operadores de justicia. Es como si los jueces y fiscales salieran a decirle al presidente cómo debe conducir el proceso de paz o qué cambios debe hacerle. También, indebida intromisión.
Son las investigaciones de carácter penal, la evidencia y elementos probatorios conseguidos al interior de aquellas, la identificación de los autores, el análisis de los hechos, los que le indicarán, en primera medida al fiscal, si se satisfacen los distintos elementos de lo que en la teoría del delito se denomina tipo penal (descripción legal de un comportamiento humano reprochable y punible), realizar el proceso de adecuación típica y atribuirle el hecho a determinada o determinadas personas, los que lógicamente cuentan, en pro de sus derechos al debido proceso y a la defensa, con un conjunto de prerrogativas para hacerle frente al proceso, para que luego al final, sea un juez el que determine si hay responsabilidad penal o no.
Evidentemente el presidente desconoce que para procesar a alguna o algunas personas por concierto para delinquir y por lavado de activos, porque se presume que detrás del hurto de celulares hay una organización delincuencial, no es porque él lo diga para saciar y contentar ánimos de justicia populares, sino que aparte que deben cumplirse unos presupuestos fácticos, deben darse otros de orden probatorio y dogmático.
Pobre administración de justicia, tantas veces vapuleada y vilipendiada, unas veces merecida, otras, inmerecidamente, tal vez la única rama del poder frente a la que muchos, por ignorantes que sean, se creen con derecho y autoridad para decirle a sus miembros qué y cómo deben hacer las cosas. El mejor favor que se le puede hacer es dejar que haga su tarea y cada cual se dedique a lo suyo. Zapatero a tus zapatos.
