Como un robo a mano armada por parte de la Alianza AMA, calificó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos la petición del Secretario General de la Alcaldía de Medellín de recibir nuevamente el lleno ilegal que entregó la empresa Fajardo Moreno, valorado en 12 mil millones de pesos.
Guerra Hoyos dijo que el secretario General, Juan Guillermo Usme Fernández, fue traído a la actual administración para que la empresa Fajardo Moreno, de la familia del gobernador Sergio Fajardo Valderrama, consolide la millonaria defraudación a todos los medellinenses, representada en el denominado Parque Asís.
El Corporado señaló que Andrés Fajardo Valderrama, representante legal de la empresa Fajardo Moreno, entregó el lleno ilegal Parque Asís al entonces director de Planeación y hoy candidato a la Gobernación de Antioquia, Federico Restrepo, entre diciembre de 2006 y enero de 2007, siendo alcalde Sergio Fajardo Valderrama.
El concejal pidió públicamente los conceptos del Personero de Medellín y del Contralor de Medellín sobre este asunto.
Guerra Hoyos puso de presente que el actual Director de Planeación, Jorge Pérez Jaramillo, determinó en 2014 no recibir materialmente el lote, teniendo en cuenta su inestabilidad. Por esta razón solicitó a la Secretaría General viabilizar jurídicamente la resciliación de las escrituras en las que la empresa Fajardo Moreno entregó el lleno ilegal.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos sostuvo que el actual Secretario General, Juan Guillermo Usme Fernández, vino a defender los intereses particulares de la familia del Gobernador de Antioquia y afirmó que su concepto es confuso, consta de múltiples citas de normas y de sentencias que no argumentan con suficiencia la conclusión a la que llega.
Si el Municipio recibe el lote, entonces debe demandar a Sergio Fajardo y a Federico Restrepo para que respondan con sus patrimonios por haber permitido la conformación del lleno ilegal y haber emitido concepto técnico favorable frente al lote para ser recibido como compensación urbanística. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias que les cabría a estos funcionarios por haber permitido esta millonaria defraudación que termina beneficiando a la empresa familiar.
