Concejales, Personeros y miembros de Asociaciones Ambientalistas, Defensoras de Derechos Humanos y de Producción Agropecuaria del Departamento de Antioquia, rechazaron enérgicamente el contenido, objeto y alcance del Decreto 2691 de 2014 por medio del cual “se definen los mecanismos para acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, en desarrollo del proceso de autorización de actividades de exploración y explotación minera”.
El pronunciamiento fue dado a conocer durante la Asamblea Extraordinaria de Concejales de Antioquia, donde -según José Joaquín Rueda Lora, personero de Giraldo- hubo consenso entre los asistentes en que el Decreto “lesiona gravemente las funciones constitucionales de los concejales de reglamentar el uso del suelo en su territorio e infringe los principios constitucionales de descentralización y autonomía”.
Dijo Rueda Lora en SINERGIA INFORMATIVA que el manifiesto de concejales, personeros y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente les recordó al Presidente de la República y al Ministro de Minas y Energía que la Constitución Política de Colombia es mandato superior y que ella plantea claramente que Colombia es un Estado Unitario en forma de Republica, pero descentralizada y con Autonomía de sus entidades descentralizadas.
“Los Concejales de Colombia no tenemos que pedirle permiso al Gobierno Nacional para ejercer nuestras facultades otorgadas por el constituyente primario a través de la Constitución Nacional de 1991. Para los Concejales de Antioquia, es prioridad la defensa y protección del medio ambiente, mediante el desarrollo económico y social, ecológicamente sostenible, y el Decreto en comento no solamente nos quita las facultades de decidir sino que, además, le permite al Ministerio de Minas suplantar funciones y decisiones del Ministerio de Ambiente”, dicen en su pronunciamiento los asistentes a la Asamblea Extraordinaria de Concejales de Antioquia.
Los asambleistas interpondrán una demanda de inconstitucionalidad e ilegalidad contra el Decreto 2691 de 2014. Como medida cautelar, que se suspendan provisionalmente los efectos del Acto Administrativo que le ha dando tantas facultades y poderes al ministro de Minas y Energía, Tomás González, en detrimento del ambiente sano y de la tranquilidad y seguridad de muchos municipios antioqueños y colombianos a los que la minería se está carcomiendo como un cáncer social. Por eso, además del Decreto, rechazaron el modelo minero colombiano, que favorece a las grandes multinacionales y atropella a los mineros artesanales que derivan su supervivencia de esta actividad.
